“Valoremos a las y los docentes, mejoremos su situación profesional”
En este 2016 se conmemora el 50º aniversario de la aprobación, en 1966, de la Recomendación conjunta de la OIT y la UNESCO relativa a la situación del personal docente y que dio origen al Día Mundial de las y los Docentes. El lema de este año, “Valoremos al docente, mejoremos su situación profesional”, recoge las recomendaciones de OIT y la UNESCO, así como los contenidos de la Agenda de Educación 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2016 de la ONU. Estos documentos reclaman una educación de calidad inclusiva y equitativa, apoyándose en unos docentes contratados y remunerados de forma adecuada y unos sistemas dotados de recursos. Se incide también en la necesidad de que ese profesorado tenga una adecuada formación y cualificación y que se vea armado por una suficiente motivación.
Estas afirmaciones contrastan con la realidad de las directrices establecidas en las agendas neoliberales, aplicadas por buena parte de los gobiernos, cuyo objetivo es mercantilizar los derechos básicos y colonizar los servicios públicos por empresas privadas. Si hacemos caso a la Agenda de Educación 2030, la consecución de una educación primaria universal para esa fecha precisaría aumentar en más de 3 millones el número de maestros y maestras (5 millones si aspiramos a extender la escolarización al tramo de la secundaria básica universal). Pero, con la educación convertida en negocio en manos privadas, es difícil imaginar que un amplio segmento de las clases trabajadoras de gran parte del mundo pueda acceder a algo distinto que una mera beneficencia, en el mejor de los casos. Bellos objetivos, pero muy lejanos, cuando en México, el mero ejercicio de la protesta puede costar la vida de un gran número de docentes, o cuando en Turquía se está emprendiendo, con total impunidad ante la UE y la comunidad internacional, una depuración sistemática de enseñantes.
Si la situación es dramática en la periferia económica, en el seno de la Unión Europea tampoco nos libramos del azote de las políticas de recortes y las limitaciones a la libertad. Los gobiernos europeos, sean o no conservadores, apuestan decididamente por reducir el Estado, cuando la gestión pública es la única que puede garantizar una prestación del servicio en condiciones de gratuidad y universalidad. En el Estado Español, con una LOMCE diseñada para adoctrinar, privatizar y desregular el trabajo docente, las Administraciones educativas son las primeras en generalizar el recurso a una mano de obra precaria -el profesorado interino-, lo que contraviene la Recomendación 45 de la OIT y la UNESCO de 1966 sobre la seguridad en el empleo: “La estabilidad profesional y la seguridad del empleo son indispensables tanto para el interés de la enseñanza como para el personal docente y deberían estar garantizadas incluso cuando se produzcan cambios en la organización tanto del conjunto como de una parte del sistema escolar”.
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