Ayuntamientos: Rajoy ha anunciado un profundo cambio en la forma en la que están organizados ayuntamientos y diputaciones. Según sus cálculos, estas medidas permitirán un ahorro de unos 3.000 millones.
- Primar la austeridad y evitar duplicidades: una administración, una competencia
- Se delimitarán las competencias de cada administración, solucionando el problema de las competencias impropias
- Se refuerza el papel de las diputaciones para asegurar la prestación de servicios en los municipios más pequeños
- Control de las cuentas públicas en el ámbito local, aumentando la independencia del interventor municipal y con el nombramiento de funcionarios de la administración central
- Homogeneización y publicación de la retribución de los alcaldes
- Los salarios de los alcaldes y los concejales se pondrán por el Gobierno, en función de las características de los municipios
- El número de concejales se fijará por tramos de población. Se recortará hasta un 30% el número de concejales de los más de 8.000 ayuntamientos
Comunidades autónomas
- Revisión de los planes económicos financieros de las CCAA
- Control estricto a través de la Ley de Estabilidad Presupuestaria
- Hispabonos: el ministro de Hacienda ofrecerá mañana a las comunidades autónomas en la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) un “instrumento financiero que garantice liquidez suficiente para que puedan hacer frente a sus compromisos financieros”. Es decir, habrá hispabonos, aunque con condicionalidad para los gobiernos regionales
Empleados públicos:
- Habrá una revisión integral de la función pública
- Menos días de libre disposición (moscosos)
- El número de liberados sindicales se limitará estrictamente al mínimo que marca la ley
- Se equiparan sus condiciones en situación de incapacidad temporal a las del resto de los trabajadores
- Se facilita la movilidad de los empleados públicos
- Elimina la paga de navidad para funcionarios y altos cargos de las AAPP, y se lo pide diputados y senadores (será compensado con una aportación a fondos de pensiones en 2015)
Gasto del Estado
- Recorte del 20% de subvenciones en partidos, sindicatos y organizaciones empresariales
- Modificaciones en la Ley de Dependencia, con el objetivo de racionalizar el gasto
- En materia de empleo se eliminarán gran número de bonificaciones a la contratación (excepto las del nuevo modelo de emprendedores)
- Cambio en las prestaciones por desempleo, pero sólo para nuevos perceptores. No se modificará el plazo máximo de 24 meses y se mantendrá el nivel de la prestación en los primeros seis meses. A partir del sexto mes, la prestación será del 50% de la base y no del 60% como hasta ahora
- Se exigirá haber trabajado previamente para acceder a la Renta Activa de Inserción
Pensiones
- Habrá un nuevo proyecto de ley sobre el sistema público de pensiones para acelerar la aplicación del factor de sostenibilidad y abordar la jubilación anticipada. En principio no afectará a los actuales jubilados, aunque ésta ha sido la parte del discurso de Rajoy en la que ha ofrecido menos detalles
- Posiblemente, la consecuencia práctica es que se acelerará la jubilación a los 67 años (con la última reforma no se iba a implantar por completo hasta 2027)
- Además, la previsión es que se amplíe el período de cálculo de las pensiones, para tener en cuenta toda la vida laboral de los jubilados
Impuestos
- Tipo general del IVA aumenta tres puntos (del 18 al 21%) y el tipo reducido del 8 al 10%
- Cotizaciones sociales se reducirán un punto en 2013 y un punto adicional en 2014
- Se suprimirán las bonificaciones a la contratación, excepto las relativas al nuevo contrato de emprendedores creado con la reforma laboral o las de inserción para el colectivo de discapacitados
- Reforma de la tributación medioambiental (habrá un nuevo impuesto o tasa verde), siguiendo el principio de quien contamina paga
- Subida de la imposición sobre el tabaco
- Modificaciones en el sistema del Impuesto de Sociedades
- Eliminación de la deducción por vivienda para nuevos compradores a partir de 2013
Liberalizaciones
- Reforma del sector energético: habrá un nuevo esquema de fiscalidad energética para repartir el déficit (se espera una tasa a la producción de la energía que recaerá especialmente sobre las instalaciones de renovables que se benefician del actual sistema de primas)
- Liberalización y privatización de servicios en el sector ferroviario, aeroportuario y portuario (Aena, Renfe y Adif, en el punto de mira)
- Unidad de mercado: habrá una ley para que cuando una administración certifique a una empresa, esta aprobación alcance al resto de los órdenes del Estado
- Eliminación de barreras y posiciones anticompetitivas en el sector servicios profesionales y para empresas. Para contribuir a su expansión, se fortalecerá el principio de libertad de acceso y de ejercicio
