El 13 de junio de 2013, varios grupos parlamentarios (Grupo Parlamentario Socialista, Grupo Parlamentario Catalán, Grupo Izquierda Plural, Grupo Parlamentario Vasco, Grupo ERC, Grupo CC-Nueva Canaria, Grupo Compromis, Grupo Geroabai), consensuaron con los sindicatos FE-CCOO, STES-i y FETE-UGT, con FAEST (alumnado) y con CEAPA (padres y madres del alumnado), el documento denominado “1 O razones para rechazar la Ley Werf’. (…)
Con posterioridad, la realidad fue confirmando todos y cada uno de los supuestos sobre los que se basaba la oposición de la Comunidad Educativa a la LOMCE. Varias huelgas de enseñanza, cientos de manifestaciones y concentraciones, e innumerables actuaciones no hicieron que el Partido Popular dejara de aplicar el rodillo parlamentario, apoyado en la mayoría absoluta del que disfrutaba en el Congreso, para legislar en contra de la mayoría social que se oponía y se sigue oponiendo a dicha ley, así como a toda la normativa que la desarrolla.
Con la puesta en marcha de la nueva legislatura, a los grupos parlamentarios firmantes de aquel compromiso (ya sea con la denominación que entonces tenían o con la actual, individual o conjunta) se suman otros nuevos que han alcanzado representación en el Congreso de los Diputados (Podemos, En Comú Podem, En Marea), los cuales también han expresado su intención de derogar o ayudar a derogar la LOMCE.
En este momento, la aplicación de la LOMCE ha sido tan nefasta para la educación en general, y para la Escuela Pública en particular, que las voces de exigencia de la LOMCE se han mantenido y, si cabe, multiplicado. Toda la normativa educativa emitida por el Partido Popular, a través del Gobierno que ha mantenido durante la pasada legislatura, ha sido un ataque constante al derecho a la educación y la LOMCE ha sido uno de sus máximos exponentes. Se impone, por tanto su derogación inmediata para revertir la situación, tal y como demanda la inmensa mayoría de lo sociedad.
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