De recortes, chapuzas y mala gestión
Cada verano el Ministerio de Educación convoca ayudas para alumnado con necesidades educativas especiales para su reeducación fuera del horario escolar, que gestiona cada Comunidad Autónoma y cuyo plazo de presentación termina a finales de septiembre. Dichas ayudas tienen dos características recurrentes: su cuantía es muy escasa y pedirlas exige mucha burocracia; pero es la única que reciben familias con pocos recursos y alumnado necesitado. Pero en esta época de recortes, cada curso, han ido aumentando los requisitos para reducir el número de personas que puedan pedirlas.
La convocatoria del curso 2016-17 se ha convertido en un esperpento, un caos propiciado por un Ministerio de Educación rácano e ineficaz y una Consejería de Educación de la Junta de Andalucía descoordinada y altamente chapucera.
Comienza con una modificación de la norma de convocatoria que parece obligar a los orientadores de EOEs y de Institutos a comprobar que el alumnado con NEE presenta certificado de minusvalía o certificado médico de centro público, pero en las instrucciones que la CEJA manda a principios de septiembre se mantiene el mismo protocolo que el curso pasado a la hora de certificar las necesidades del alumnado. Una vez en marcha el proceso, el 22 de septiembre (una semana antes de terminar el plazo), la CEJA envía comunicación urgente sobre la obligatoriedad de presentar certificado de minusvalía y/o dictamen clínico, obligando a no firmar las becas sin la presentación de esta documentación.
El caos se instala ya que muchos niños y niñas no pueden acceder a ella con unos requisitos que no eran necesarios en años anteriores; los y las profesionales de la orientación se encuentran entre la espada y la pared al no poder autorizar becas que cumplen las necesidades para las que fueron creadas. En las delegaciones de educación impera el desorden: el departamento de Becas no sabe ni contesta y el de el de Necesidades Educativas Especiales no dan respuestas; las familias angustiadas, los servicios de orientación presionados; la Consejería culpa al Ministerio , el Ministerio culpa a la Consejería por hacer una interpretación muy literal de la norma; las asociaciones y colectivos presionan y lanzan mensajes contradictorios; el Centro Base, encargado de expedir los certificados, dependiente de Asuntos Sociales, se encuentra con una avalancha de peticiones que no puede atender alargando la lista de espera…
Sobre el día 27, comienza a circular en redes sociales una resolución del Ministerio de Educación que amplía el plazo de presentación hasta el 6 de octubre; la Consejería de Educación comunica que no tiene información oficial y que en Andalucía se mantiene el plazo original. El viernes 30, por teléfono, las delegaciones provinciales comunican de urgencia que se puede certificar becas hasta el día 6. La traca final, llega el día 4 de octubre a las 14 horas, donde la Consejería envía una comunicación del Ministerio de Educación, eximiendo de presentación de los documentos anteriores y autorizando que orientadores y orientadoras puedan certificar las becas sin tener en cuenta los nuevos requisitos, y volviendo así a la situación del curso pasado… a dos días de finalización del plazo ampliado.
Por todo ello, es necesario denunciar:
- Un Gobierno central empeñado en recortar en un sector muy sensible de la población, bajo la premisa “aumentando la burocracia, disminuyo el número de personas que pueden acceder, aunque cumplan los requisitos educativos”
- Una Consejería de Educación de la Junta de Andalucía incapaz, descoordinada y que ha dejado en mano de los orientadores y orientadoras la gestión de esta crisis.
- Profesionales de la orientación presas del asombro, recibiendo correos electrónicos, llamadas e instrucciones contradictorias que han supuesto una presión muy importante y un deterioro en su relación con las familias.
- Familias angustiadas, necesitando la ayuda y viendo todas las puertas cerradas por una interpretación rígida y cicatera de la norma.
- Alumnado con necesidades educativas, que teniendo escasos medios en los centros educativo, deben complementar sus terapias y programas en centros privados y que se ven amenazados con no poder contar con esa ayuda este curso.
Una vez más, la política de recortes, unida a la incompetencia de burócratas bien alimentados, han conseguido llevar el caos y la desconfianza a un sector social muy vulnerable, que requiere toda la ayuda y el máximo de atención.
¿Asumirá su responsabilidad y dimitirá el Secretario General de Universidades del Ministerio de Educación, don Jorge Sanz González?
¿Pedirá disculpas la Administración andaluza a las familias afectadas, así como a los orientadores y las orientadoras, por su chapucera forma de proceder en este asunto?
