COMPARECENCIA EN LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA SOBRE EL PROYECTO DE LEY DE FORMACIÓN PROFESIONAL
23 DE ABRIL DE 2018
I. Antecedentes
Los resultados de las elecciones andaluzas de marzo de 2015 llevaron a la conformación de un gobierno del PSOE apoyado por Ciudadanos en base a un acuerdo de 70 puntos recogidos en tres documentos. Destacamos las dos siguientes, presentes en la sección de políticas activas de empleo:
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Aprobación de la Ley de formación profesional de Andalucía y creación de la Red de Centros de Formación Profesional de Andalucía.
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Implementación del Plan de Excelencia de la Formación Profesional para el Empleo, con un nuevo modelo de gestión desde lo público, e impulso de la Formación Profesional Dual, mediante la convocatoria de acciones conjuntas de Formación y Prácticas Profesionales en colaboración con las empresas.
Tras la investidura y formación del gobierno, las competencias de FP para el Empleo que habían sido recuperadas para la Consejería de Educación no hacía demasiado tiempo, volvieron a transferirse a la Consejería de Empleo (Decreto de la Presidenta 12/2015, de 17 de junio).
Un año después aproximadamente, se publicó en BOJA de 18 de abril la Resolución de 11 de abril de 2016 conjunta de la Secretaría General de Educación y Formación Profesional de la Consejería de Educación y de la Secretaría General de Empleo de la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio, por la que se somete a información pública el anteproyecto de Ley de Formación Profesional de Andalucía.
Este es el segundo intento de la Junta de Andalucía de aprobar una Ley de FP, la anterior fue rechazada por el Consejo Escolar de Andalucía en un dictamen aprobado en el pleno de 5 de febrero de 2015.
Además lo hace con una falta de negociación absoluta, tratándose en Mesa Sectorial de Educación el 25 de mayo (en paralelo, el 23 de mayo se cerraba el plazo de enmiendas en el CEA). Apenas 15 días después, el 9 de junio de 2016 tenía lugar otra Mesa Sectorial Extraordinaria sin documentación. A la vez, el 2 de junio se reunía la Comisión de Dictámenes del CEA y el pleno del mismo tenía lugar el 17 de junio.
El objetivo no pudo ser otro que cumplir el trámite y superar lo más rápidamente posible esta fase engañando a las OOSS. El Secretario General de Educación, el señor don Manuel Alcaide Calderón, se comprometió a llevar un nuevo borrador recogiendo las aportaciones de las OOSS, algo que nunca se produjo. En USTEA estamos acostumbrados y no nos sorprenden las falsedades, mentiras y engaños de los señores del PSOE.
Como en aquel momento, USTEA VUELVE A RECHAZAR ESTE NUEVO INTENTO DE MERCANTILIZACIÓN DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL.
II. Cuestiones Generales del Proyecto de Ley de FP
1.- Se dice que el Proyecto de Ley ha sido elaborado “conjuntamente” por las Consejerías de Educación y Empleo. Sin embargo, una primera lectura demuestra que la Consejería de Educación es totalmente sumisa a los dictados y decisiones de la de Empleo:
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Cuando menos, sorprende que, si esto era tan necesario y razonable, ni el gobierno ni las consejerías competentes lo hayan acometido hasta ahora. Habría que concluir, que, de manera insensata, el gobierno andaluz, y las consejerías competentes, a pesar de las insostenibles tasas de desempleo, han tardado muchos años en aplicar la receta.
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Quizás esta justificación sea solo un intento de ocultar las verdaderas razones políticas que inspiran este anteproyecto, objeto, sin duda, de una exposición de motivos paralela. De todas estas razones políticas, unas son inconfesables y otras, no. Entre las últimas, queremos hacer referencia a la necesidad de la señora Presidenta doña Susana Díaz de empezar a devolver a C’s el apoyo prestado para su investidura. http://ustea.es/new/futura-ley-de-fp-ustea-analiza-algunos-motivos-no-confesados-y-no-incluidos-en-la-exposicion-de-motivos/
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En la medida en que se habla de otra cosa, se oculta a la ciudadanía las verdaderas razones del desempleo andaluz, que, a juicio de los economistas críticos con el actual sistema productivo, no son otras que un tejido productivo débil e insuficiente, la subalternidad de la economía andaluza, respecto a la economía estatal y a la europea, un modelo de desarrollo basado en el extractivismo, el agotamiento de los recursos y la degradación ambiental, la ausencia de políticas de reversión del paro estructural y la desviación de los fondos para empleo, todavía no sabemos dónde con certeza, aunque sí sabemos adónde no han ido: a formar a las personas desempleadas y generar empleo.
2.- Se habla de que la condición indispensable para acceder a la empleabilidad es la formación profesional.
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Esta es una afirmación tramposa, por cuanto se da a entender que empleabilidad (posibilidad de ser empleado/a) y empleo son la misma cosa.
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Hay otra trampa en este planteamiento, cuando se afirma que el objetivo de la FP es adaptar los recursos humanos a un “renovado tejido productivo”. El tejido productivo andaluz no se distingue precisamente por ser “renovado”; por tanto, nos preguntamos si la FP va a formar a trabajadores/as para un tejido productivo que “ya” no existe –obsoleto y en descomposición- o para el que no existe “todavía”.
3.- Respecto a la FP como configuradora de una identidad profesional que no dificulte la movilidad.
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Se habla de la movilidad como una necesidad –¿de quién?– a la que hay que dar respuesta. Este enunciado apenas logra ocultar que la ley pretende formar un perfil de trabajador/a que pueda buscar trabajo en otro lugar, fuera de Andalucía. La movilidad no es tal, sino emigración, precariedad y desarraigo.
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Se trata de configurar identidades profesionales acordes con el papel subalterno de la economía andaluza: trabajadoras y trabajadores flexibles, recortables y, además, exportables.
4.- Andalucía, a pesar de contar con una red formativa territorial importante, debe afrontar “nuevos retos”.
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El planteamiento, contenido en este párrafo del preámbulo, no puede ser más falaz. Una vez más, sin el más mínimo sentido de la autocrítica, se dice que Andalucía ha hecho las cosas bien en materia de formación –las tasas de desempleo y pobreza, al parecer, no indican nada–, pero que han cambiado las exigencias y los “retos”; este parece ser el problema del sistema de formación, por lo que esta ley sería la solución. O sea, se hacen trampas en el planteamiento del problema, para mostrar como acertada la solución.
5.- Se concluye que la integración del sistema de formación y la necesidad de formar durante toda la vida, “aconsejan” hacer una nueva regulación del sistema de formación profesional. Un marco regulador “flexible” y coherente, que posibilite la adquisición de las competencias que requiere el mercado de trabajo.
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Se oculta, con este tono aparentemente didáctico y objetivo, que esta decisión es política y responde, antes que a nada, a necesidades políticas: las que tiene el partido en el gobierno y el gobierno andaluz de dar respuesta a lo pactado, el peaje que pagó para que la señora Díaz fuera investida presidenta.
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En la segunda parte del enunciado, se nos dice, ya sin disimulos, que el elemento regulador y organizador de la formación, sin matices, será el mercado de trabajo.
6.- La oferta formativa próxima al territorio.
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Lo que, en principio, podría resultar una ventaja, descubrimos que no lo es. Porque la palabra clave es “adaptada”. Ello significa que todas las decisiones, por necias, inviables o contraproducentes que sean para la ciudadanía –se habla de “población”–, no se podrán poner en tela de juicio, puesto que se habrán tomado para “adaptar” el sistema formativo…
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¿Qué ocurrirá cuándo se organice un ciclo formativo, o incluso una familia profesional entera, próxima al territorio, o sea, a demanda de una empresa local, y esta se deslocalice a los dos o tres años?
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Sabemos lo que significa exactamente “una oferta formativa próxima al territorio”, porque la FP Dual lleva practicando esta política formativa en los últimos cursos. Significa organizar la oferta en función de las demandas de las empresas cercanas. Ni más ni menos. Y ni siquiera la Consejería de Educación ha tenido la honradez de hacer una valoración de la incidencia de esta formación en la consecución de empleo, por parte del alumnado, así como en su durabilidad y estabilidad laboral.
7.- El “nuevo concepto de centro integrado”.
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Hay que decir que este concepto no es nuevo, ni lo es el modelo de centro que configura.
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La colaboración con las empresas ha sido una constante de la FP, en el sistema educativo, llevada a cabo con el esfuerzo y la participación del profesorado, a veces sin horas, a veces sin medios, teniendo que buscar el propio centro las empresas para las prácticas, etc. Se presenta como novedad la colaboración con las empresas, cuando la novedad es este modelo de colaboración, entreguista y sumiso con la empresa.
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Los centros integrados ya existen en el sistema educativo andaluz, y es precisamente por su modelo de gestión antidemocrática, entre otras cosas, por lo que los rechazamos.
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Respecto a que estos centros deberán organizar “flexiblemente” su oferta formativa, esto no es sino decir abiertamente lo que en otros lugares se insinúa: la sumisión y supeditación de la oferta formativa a los intereses de las empresas.
8.- La necesaria participación de “todos los actores”.
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Entre los actores, citados de manera pormenorizada, no se encuentra el profesorado, ni el alumnado -mutado en trabajador, en masculino-, ni las familias, transformadas en población…
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Si el problema del alto índice de desempleo andaluz se resolviera con la concertación y la confluencia, no iríamos por el VIII Plan de Concertación por el Empleo, sin que los siete anteriores se hayan mostrado inservibles para mejorar lo que se pretendía.
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En definitiva, a la Consejería de Educacion, en esta participación, ni va a estar ni se le espera, salvo por una pequeña cuestión: se usará a los miles de docentes de FP como personal recortable, reciclable y, llegado el caso, prescindible.
9.- El profesorado tiene que procurar una actualización científica y tecnológica continua y un conocimiento profundo de las actividades productivas del entorno del centro docente, lo que se puede lograr, entre otras medidas, mediante acciones formativas en las propias empresas:
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Esta afirmación resulta, cuanto menos, ofensiva para el profesorado de la educación pública andaluza que vio recortadas de la noche a la mañana cuando el proceso ya se había iniciado la convocatoria de Licencias por Estudio que incluía entre otras la modalidad de estancias profesionales en Empresas.
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Cada vez que USTEA ha preguntado a los cargos responsables de la formación en la Consejería de Educación acerca de estas licencias hemos encontrado el silencio como respuesta. Debería caérseles la cara de vergüenza al engañar y mentir de este modo al profesorado estableciendo en una ley algo que lleva años en suspenso por una decisión puramente política y económica.
III. Aspectos concretos del Proyecto de Ley a los que USTEA se opone frontalmente
1) Entre sus principios y objetivos se encuentran la orientación al desarrollo de las competencias requeridas por el tejido productivo andaluz (Artículo 4 apartado c) y la flexibilidad de adaptación de la oferta formativa a las circunstancias cambiantes del mercado laboral (Artículo 4 apartado e).
Las intenciones por parte de la Consejería están claras: una privatización encubierta de la FP al servicio de las empresas en la que la oferta formativa está centrada única y exclusivamente en los intereses de las mismas, olvidando las necesidades de formación que pueda tener el alumnado.
2) La FP para el Empleo y el profesorado de FOL (Artículo 15). La ley pone a disposición de Empleo a los profesionales de la especialidad de FOL y a los departamentos de orientación de los IES, así como los centros públicos de secundaria y educación permanente de personas adultas. Una muestra más de la sumisión y el trasvase absoluto de las competencias y recursos de Educación en favor de Empleo.
3) La FP Dual (Artículo 23). No se ha hecho, hasta el momento, ni un solo análisis serio o valoración rigurosa de los resultados obtenidos tras la implantación de este tipo de proyectos.
4) Movilidad y Universidades. El Artículo 24 se refiere a movilidad, el punto 1 a la promoción de la movilidad del alumnado con otras comunidades y otros países; el punto 2, a promover la colaboración con las Universidades a fin de impulsar la generación de centros integrados de educación superior y establecer el reconocimiento de las enseñanzas de FP en la Universidad. Están poco claras las intenciones de esta colaboración, dónde van a estar ubicados estos centros, quién los va a gestionar, quiénes van a impartir docencia, etc. Y, sobre todo, dada la autonomía universitaria, de cada universidad, y dado que la institución universitaria queda fuera de esta ley -como agente impulsor-, ¿qué garantías se tiene de esta colaboración? ¿Se tratará de universidades públicas de manera exclusiva? ¿De manera preferente? …
5) La red de centros (Título II Capítulo I). La oferta formativa será impartida por los centros incluidos en la Red de Centros de Formación de Andalucia (artículo 29). Se crea este registro con los centros de FP autorizados para impartir estas enseñanzas (públicos, privados y concertados) y que podrán impartir, tanto FP inicial como FP para el empleo. En la práctica, esto supone privatizar la oferta educativa, publicitando aún más las plazas en los centros privados y concertados con el consecuente trasvase de alumnado, algo que ya viene ocurriendo en otros niveles educativos.
6) Centros Integrados (Título II Capítulo II). Se crea un registro de centros integrados de FP (Artículo 30.2) que sea representativa de las distintas familias profesionales. La dirección de estos centros se realizará por libre designación. Un chiringuito más de la administración andaluza, en detrimento de la calidad educativa. Además, puede ocurrir como hemos visto recientemente en el escándalo de los Másteres de la URJC dado que obliga a estos centros a buscar su propia financiación (Artículo 33).
7) Profesorado y personal formador (Artículo 36). Los profesores PES y PTFP podrán ejercer sus funciones en todos los centros públicos autorizados para impartir FP inicial o para el empleo e impartir docencia en cualquiera de estas enseñanzas. Esto hace que la carga de trabajo para el profesorado aumente, así como el número de módulos y enseñanzas que deba impartir, todo ello sin ningún tipo de reducción horaria.
Además, las enseñanzas pueden pasar a ser impartidas en función del perfil académico y profesional del docente. En definitiva, se deja a no se sabe qué criterio cuál será las materias que podrán/deberán impartir los docentes de estas enseñanzas.
8) Gobernanza y estructura organizativa y participativa (Título V). El término “participativa” debe tratarse de una broma de mal gusto a la que el gobierno andaluz nos tiene tan acostumbrados. Todo este Título es un despropósito normativo donde se crean órganos paralelos para dar apariencia de democráticos pero que están controlados y dirigidos por representantes de la administración.
Además, constituyen junto a toda la administración paralela de la Junta de Andalucía un pozo sin fondo donde despilfarrar el dinero público en dietas y otras prebendas para colocar a amiguetes y agradecer los servicios prestados a algunas organizaciones.
9) Planificación de la oferta educativa. La Ley dedica todo el Capítulo I del Título VI a la planificación de la oferta formativa basado en planes estratégicos, informes y memorias. Con algo tendrán que justificar todo el dinero que costará esta administración paralela, “mucho más difícil y complejo” sería hacerlo a través de las propias consejerías. Pedimos a la administración que no se esconda y nos diga cuál sería el mapa de la oferta formativa de FP en Andalucía a día de hoy si esta Ley estuviera en vigor, estamos convencidos de que lo tienen previsto y estudiado. Hay muchas cuestiones e incógnitas que se plantean con este plan, algunas pueden ser:
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¿La entrada y salida de un ciclo de la oferta es inmediata?
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¿Qué ocurre con el profesorado?
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¿De qué manera y con qué medios se van a adaptar los centros a la nueva oferta?
10) La FP Inicial (Título I Capítulo I). Para la FP Básica, la ley contempla la posibilidad que independientemente de la normativa estatal, la FPB sea un instrumento para que el alumnado obtenga el título de la ESO. Este aspecto podemos calificarlo como positivo y que además ya es una realidad y que USTEA demandó como medida a aplicar contra la LOMCE. Para la FP de Grado Medio y Superior, la Ley contempla una novedad importante, y es que la actividad docente se organizará de forma que el alumnado pueda entrar en contacto lo antes posible con la empresa (sin menoscabo del módulo de FCT). Esto significa una orientación total de estas enseñanzas al trabajo en la empresa, dejando de lado la importancia de los contenidos teórico-prácticos que los docentes aportan en sus clases.
IV. Conclusiones
Se dan por ciertos e incuestionables una serie de principios del sacro del mercado, que suponen destrucción de derechos y precarización de la vida de las personas.
Pensamos que la actual coyuntura, de paro, crisis y degradación de las condiciones de vida de la ciudadanía, se va a aprovechar por el gobierno andaluz, con sus dos consejerías, para justificar un cambio en el sistema formativo, que pondrá a los centros educativos al servicio de los intereses de las empresas, a base de desregularizar el sistema formativo reglado, cediendo la gestión a instancias fuera del mismo y eliminando el ya de por sí debilitado funcionamiento democrático de los centros docentes.
Se intenta configurar una ley pretenciosa, que quiere cambiar la realidad a base de modificar su relato sobre la misma. Que obvia hacer un análisis del rendimiento del actual sistema de formación. Que pretende, de manera insensata, por la supuesta coordinación entre dos consejerías, haber encontrado una receta, que se dice nueva y se supone mágica.
Por todo ello, USTEA EXIGE la retirada de este Proyecto de Ley.
En Andalucía, a 23 de abril de 2018
