La presión continua, desde 2015, tanto del personal afectado como de USTEA1, ha hecho que en dicho Acuerdo por primera vez, tras reiteradas negativas2 , el gobierno de la Junta de Andalucía haya admitido restituir las cantidades, sustraídas por ella misma, de la paga adicional de complemento específico o equivalente de los años 2013 y 2014, a 270.000 empleadas y empleados públicos (100.000 en el sector de la educación). Este logro es consecuencia de la mencionada presión, pero absolutamente insuficiente, pues la redacción del Acuerdo3 en este tema no supone aún la devolución efectiva de lo sustraído. Ni siquiera establece la fecha de la misma, como sí se ha hecho ya hace tiempo en Murcia (octubre 2018 y febrero 2019) y, además, la hace depender de condiciones inconsistentes que puede querer usar la Junta como justificación para no hacer la devolución, por fin admitida, o dilatarla en el tiempo.
Decimos condiciones inconsistentes, puesto que se alude, en primer lugar, a que la devolución la permita “la legislación estatal básica”, cuando no hay tal que lo impida, como lo demuestra el caso de Murcia; por tanto, dichas cantidades las puede devolver el gobierno andaluz de igual manera que las quitó: por iniciativa propia. En segundo lugar, la devolución se condiciona a que lo permita “el cumplimiento de la sostenibilidad económico-financiera”; entendemos que la Junta tiene por sí capacidad económico-financiera más que suficiente para devolvernos lo que nos quitó. Recomendamos a la presidenta Susana Díaz que se aplique la determinación y rapidez que ella pedía, hace pocas semanas, al presidente Rajoy para empezar a pagar las cuantiosas cantidades necesarias para la equiparación salarial de los miembros de la policía nacional y la guardia civil4.
Mientras dicha devolución no sea un hecho, los sindicatos firmantes seguirán siendo responsables de la discriminación del personal de la Junta de Andalucía, respecto a los del resto del Estado, y cómplices de la dilación en la restitución de lo sustraído, una vez más5.
Por ello, continuaremos con nuestra campaña de devolución de las cantidades sustraídas (sumándole la subida del IPC desde 2013 para que no pierdan poder adquisitivo) hasta que se produzca de manera efectiva. No pararemos hasta lograrlo, con el apoyo del personal afectado, como logramos la devolución de la paga extra de diciembre 2012.
Más información:
- Campaña de recogida de firmas en Change.org
- Enlace a nuestra Campaña de Devolución de las pagas extraordinarias de 2013 y 2014
1 Exigencia de devolución: al gobierno andaluz, con miles de reclamaciones individuales ante la Junta de Andalucía, en todas las comparecencias anuales ante los grupos de Parlamento andaluz, en la calle, ante la opinión pública, en Change.org, ante los tribunales…
2 En las respuestas a las reclamaciones individuales. – En la de la Secretaria General para la Administración Pública : “… con la reanudación en el año 2015 del abono de estas pagas adicionales suprimidas, se considera recuperado este derecho”. En la intervención de la presidenta Susana Diáz el pasado mayo en el Parlamento andaluz: “…se ha recuperado las pagas adicionales de lo vigencia de este Acuerdo.”
3 Primero 4. “…en la medida en que lo permita la legislación básica estatal y el cumplimiento de la sostenibilidad económico-financiera, se irá abordando la restitución de las cantidades dejadas de percibir de la paga adicional del complemento específico o equivalente, de los años 2013 y 2014, en el marco de la vigencia de este Acuerdo”.
4 “Pido al gobierno central que no espere y que haga posible la equiparación salarial mediante decreto urgente si no hay presupuesto estatal este año 2018”.
5 También lo fueron cuando Acuerdos anteriores firmados por dichos sindicatos con la Junta de Andalucía tampoco la recogían (Acuerdo de 15 de julio de 2015 y de 2 de junio de 2016). E incluso el último sirvió para devolver tarde (mucho tiempo después y la última de las CC.AA.) y mal (en plazos, el último en febrero de 2018, lo que se había quitado de una sola vez) la paga extra sustraída en diciembre de 2012, que la Junta estaba obligada a devolver desde que en 2015 le había facultado el gobierno central.
