Manifiesto memorialista en defensa de la Ley de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía
En recuerdo de las víctimas del golpe y la dictadura franquista
La Ley de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía se fundamenta en los principios de «Verdad, Justicia y Reparación», y en los valores democráticos de concordia, convivencia, pluralismo político, defensa de los derechos humanos, cultura de paz e igualdad de hombres y mujeres, tal y como recoge en su artículo 2. Asimismo, hará
efectivos tres derechos esenciales: el derecho a conocer, el derecho a investigar y el derecho a la reparación plena (artículo 3).
Ninguno de estos principios y derechos están siendo garantizados ni llevados a la práctica por el Gobierno de la Junta de Andalucía, formado en coalición por Partido Popular y Ciudadanos, con el apoyo de la ultraderecha. La Ley 2017, de de Memoria a Histórica y Democrática de Andalucía (LMHD) instituyó la fecha del 14 de Junio como día institucional para reparar la memoria no sólo como víctimas de la dictadura, sino por su papel en la lucha por la recuperación de las libertades, a cuyo compromiso debemos la reinstauración de la derrocada democracia.
Por ello, las víctimas y sus familias, para las que exigimos respeto y sentido recuerdo, así como las organizaciones memorialistas, denunciamos la paralización y la involución que el actual Gobierno de la Junta de Andalucía está llevando a cabo en las políticas públicas de Memoria Histórica y Democrática, lo que ha supuesto un grave retroceso en la consecución plena de los derechos de las víctimas del franquismo.
El avance en estos derechos se ha ido consiguiendo en las últimas décadas gracias sobre todo al impulso y el empeño de la sociedad civil organizada, que ha compensado en parte el muy insuficiente compromiso por parte del Estado democrático en todos sus niveles territoriales, repetidamente denunciado por organismos internacionales.
Somos de nuevo quienes nos preocupamos y nos ocupamos de la recuperación, del recuerdo, del valor de su sacrificio, en suma, de todas las víctimas de la represión en todas sus modalidades y sus familiares, quienes demandamos a la Junta de Andalucía como parte del Estado en el territorio andaluz, el cumplimiento y desarrollo de las políticas públicas de Memoria Histórica y Democrática. Por el contrario, denunciamos cualquier intento de imponer una visión negacionista o equidistante de los crímenes del franquismo, que iría no solo contra los derechos y la dignidad de las víctimas, sino también contra las evidencias de la investigación historiográfica.
Es precisamente desde los principios de Derechos Humanos, desde donde se puede exigir la justicia necesaria con la que poner fin a la desmemoria y a la impunidad en la que se encuentra esta cuestión de manera intencionada. Denunciamos la situación de paralización, recortes e involución en materia de Memoria Histórica y Democrática con datos que no dejan lugar a dudas:
Exhumaciones
El gobierno andaluz no ha tenido ninguna iniciativa propia en dos años de legislatura y tres presupuestos.
El único presupuesto aprobado por la Junta para exhumaciones en 2020 han sido los 265.000 euros comprometidos desde 2017 por convenio, para la fosa de Pico Reja en el cementerio de Sevilla.
Respecto a 2021, la Consejería publica en el BOJA de 30/04/2021 la autorización de 43 intervenciones en fosas y en el BOJA de 20/05/2021, 6 actuaciones más. Ninguna de ellas está financiada por la Junta de Andalucía, se limitan a autorizar las solicitadas con presupuesto propio de los solicitantes o de la FEMP.
La Consejería competente sólo ha anunciado en un Plan Anual de Memoria Democrática para 2021, publicado en agosto, por importe total para exhumaciones de 1.255.000 euros. Esta cantidad es insuficiente y muy inferior a lo que se presupuestó para este ejercicio en el Plan Cuatrienal de Memoria Democrática 2018-2022, que preveía para este año 1.462.600 euros.
Simbología franquista
La política de brazos caídos de la Consejería de Cultura ha provocado no solo que no se haya abordado aún la salida del genocida Queipo de Llano de la Basílica de la Macarena, sino que, de haber desarrollado la Ley, se habría evitado revertir la nomenclatura del callejero de Córdoba a terminología fascista y la intencionada polémica ocasionada por la
extrema derecha con el silencio cómplice de la Junta por la retirada de la cruz de Aguilar de la Frontera (Córdoba).
De contar con el desarrollo normativo, como compete a la administración autonómica, no se hubieran convertido en motivos de confrontación entre la ciudadanía. Resultado éste, harto contradictorio con su tan cacareado fomento de la concordia.
En la reunión del Consejo de la Memoria de julio de este año, los representantes de la Consejería anunciaron por enésima vez que se iba a constituir el Comité Técnico sobre símbolos contrarios a la Memoria Democrática, creado un año antes. Este comité técnico estará compuesto por 6 personas, 3 de las cuales serán designadas por su cualificación profesional o trayectoria social ¿Quiénes serán esas personas? ¿Cuáles son sus méritos concretos? Nada se sabe al respecto.
Lugares de Memoria
Ninguna aprobación, ni inscripción de las 36 pendiente es en el Inventario, entre ellas, La Colonia de Víznar (Granada), El Campo de Concentración de Santiago e Higuera de Calatrava (Jaén), El Convento de Santa Úrsula (Jaén) la vieja cárcel de Úbeda (Jaén), La antigua Capitanía General de la Gavidia (Sevilla) o El Palacio de la Aduana (Málaga), estos
dos últimos propiedad de la Junta.
El Lugar de Memoria dedicado a Francisco Rodríguez Ledesma, obrero asesinado por la policía franquista en una manifestación a las puertas de HYTASA, se señalizó oficialmente el 14 de septiembre de este año. Dos años tardó el gobierno de Moreno Bonilla y su Consejera de Cultura en colocar un simple cartel a su memoria.
Ayudas para divulgación e investigación
En relación a la difusión, divulgación e investigación científica sobre la a Memoria De mocrática, se ha perdido el presupuesto de 2019, por no resolver la convocatoria en tiempo y forma, y en 2020 se ha recortado a 75.000 euros, de los 260.000 previstos, de manera que sólo 7 asociaciones, 9 ayuntamientos y 4 universidades pueden contar con financiación. Mientras han quedado fuera proyectos de 46 ayuntamientos, 7 asociaciones y los de la Universidad de Cádiz.
Ante todo ello,
EXIGIMOS:
• El cumplimiento, aplicación efectiva y desarrollo normativo de la Ley 2/2017, de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía.
• La puesta en marcha y ejecución de las intervenciones en fosas que están propuestas por el Comité Técnico de Coordinación de Exhumaciones desde 2017 y todavía no se han abordado por falta de financiación y/o autorización de la Consejera de Cultura y Patrimonio Histórico, así como la actuación inmediata ante las nuevas solicitudes de exhumación y/o extracción de muestras de ADN que se presenten por parte de familiares, Asociaciones y/o Ayuntamientos.
• La financiación suficiente para la investigación científica, difusión y divulgación de sobre la Memoria Histórica y Democrática.
• Apoyar todas las medidas que favorezcan las políticas públicas de Memoria deben ir acompañadas de una adecuada legislación de archivos, un requisito fundamental que sigue siendo u una enorme deuda de la democracia.
• La institucionalidad de la efemérides del 14 de Junio, para que sea conmemorada por todos los estamentos y organismos públicos de nuestra Comunidad, desde el Parlamento y el propio Gobierno de Andalucía, y que se haga eco en la radio y televisión pública.
• La plena a incorporación al currículo educativo de contenidos y valores vinculados a la Memoria Histórica y Democrática como patrimonio de nuestro pueblo, basados en una visión veraz y actualizada de cuanto supuso el periodo histórico de 14/04/1931 a 11/01/ /1982 establecido en la LMHD. Por ello, exigimos que todos los años, con antelación suficiente, se recuerde a los centros educativos desde la Consejería de Educación la Instrucción sobre el desarrollo de la jornada del 14 de Junio, a fin de que el profesorado pueda programar las actividades más adecuadas.
• El desarrollo normativo necesario para atender de forma prioritaria La erradicación de símbolos y actos contrarios a la Memoria Histórica y Democrática, en particular los siguientes:
o Las cruces de los caídos que permanecen en pueblos y ciudades.
o Cualquier otro símbolo o mención honorífica que exalte instituciones, personas o hechos vinculados al franquismo.
o El traslado de las tumbas del golpista y genocida Gonzalo Queipo de Llano y Francisco Bohórquez, situadas en un lugar preeminente y con exposición pública de la Basílica de la a Macarena.
• Cumplimiento de lo aprobado en el Plan Anual 2021 por el Consejo de la Memoria Histórica y Democrática de Andalucía, en relación a la creación de un banco de ADN, con los datos de las víctimas recuperadas de enterramientos y fosas comunes en cementerios u otros espacios, a las que agregar las muestras genéticas de familiares voluntarios que lo deseen, especialmente de aquellas personas de avanzada edad.
• Las actuaciones dirigidas a la identificación y localización de niños y niñas sustraídas para ofrecerlas en adopción por familias adeptas al régimen franquista y por intereses económicos deleznables, sin conocimiento ni autorización de sus progenitores. Las víctimas de desapariciones forzadas de bebés robados necesitan herramientas que les permitan avanzar en su lucha, con la que pretenden saber la verdad sobre sus hijas e hijos y que dejen de ser lo que no son: desaparecidos, que es la dramática situación en la que se encuentran la mayoría de madres.
• La elaboración y desarrollo un plan de digitalización de fondos archivísticos relativos al periodo 1936-1978, depositados en los Archivos Histórico Provinciales de Andalucía.
• La digitalización de los fondos archivísticos del periodo 1936-1978, mediante convenio con el Ministerio de Defensa, relativos el Archivo General del Tribunal Militar Territorial Segundo, con sedes en Sevilla y Almería.
• La reapertura del Servicio de Oficinas Provinciales de Memoria Histórica de la Junta de Andalucía, para atender a víctimas, familiares y asociaciones memorialistas, en sus solicitudes e información de derechos.
La Memoria tiene como único fin sacar del olvido y reparar los crímenes que nos avergüenzan por sí mismo, pero también ante otros países que nos miran con estupor al comprobar año tras año el silencio y desprecio a las víctimas del fascismo, después de más de cuarenta años de democracia.
De entre todas las víctimas queremos referirnos de forma particular –por las peculiaridades de la represión ejercida por los golpistas y, posteriormente, por la dictadura franquista– a las mujeres vencidas, a las rojas, a las individuas de dudosa moral, a las mujeres libres y antifascistas, a las mujeres comunes y corrientes que acudieron a manifestaciones, bordaron banderas, reclamaron mejores condiciones de vida para sus familias, protegieron a sus hijos e hijas con su silencio, tejieron redes de solidaridad para ayudar a sus presos, para apoyar a la guerrilla. Y por ello fueron infamadas, rapadas, violadas, sometidas a la vergüenza y a la humillación, señaladas y violentadas de mil maneras.
Es una tarea que no se puede demorar, es una deuda pendiente con quienes padecieron, pero también una responsabilidad con las generaciones venideras. Nuestro futuro democrático solo se consolidará si somos capaces de conocer de dónde de venimos, qué errores cometimos y cómo los abordamos. En definitiva, cómo se ha forjado nuestra democracia y hemos llegado hasta aquí.
No vamos a parar hasta conseguir Memoria, Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de no repetición.
Hoy más que nunca, en una sociedad polarizada y con una gran desafección de los valores democráticos en la que estamos viendo actuaciones y ejemplos que recuerdan más a épocas pasadas, debemos ser muy conscientes de los riesgos que conlleva el desconocimiento o la tergiversación de nuestra historia reciente. Es por ello que el compromiso y la lucha por la Memoria están más vivos que nunca. Se lo debemos a las generaciones pasadas, pero sobre todo a las futuras.
