Fue en el año 1988 cuando se proclamó el 30 de marzo como el Día Internacional de las Trabajadoras del Hogar, por medio del primer gran Congreso de Trabajadoras del Hogar, que tuvo lugar en Bogotá, Colombia.
En esa reunión se discutieron muchos asuntos, pero los de mayor interés eran la gran discriminación que sufren las personas que se dedican a este trabajo, la falta de leyes que les amparan, el establecimiento de un pago digno por su labor y el derecho a una protección social por parte de los estados.
Según el Estudio Grandes Cifras del Sector Limpieza 2022, elaborado por IFMA y ASPEL, en España el sector tiene más de 570.000 empleados, de los que el 76% son mujeres. Siendo el nuestro un país de servicios, la limpieza constituye un componente esencial de la cadena de valor de los demás sectores, y representa un porcentaje del 1,05% del PIB.
Un sector feminizado e invisible.
Resulta que las dos profesiones más altamente feminizadas son el cuidado de las personas y, precisamente, la limpieza, ambos muy castigados históricamente en España por un lado por la falta de regulación en un pasado, por el otro, cuando hubo la normativa, por la discriminación que se permitía con respecto al resto de sectores.
Por fin, desde el 2023, la nueva regulación elimina dos discriminaciones históricas: que no tuvieran derecho a paro y que se las pudiera despedir sin justificación. El nuevo sistema incluye cotizaciones por desempleo para trabajadoras y sus empleadores y aumenta la base mínima para quienes tengan contratos de pocas horas.
La norma, que responde a peticiones históricas de este colectivo y organizaciones feministas, también surge tras la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea (TSJUE) que declaró que el sistema anterior era discriminatorio.
Esta normativa tiene como objetivo equiparar las condiciones de trabajo y de Seguridad Social de las personas trabajadoras del hogar familiar a las del resto de personas trabajadoras por cuenta ajena para acabar con la discriminación histórica de este colectivo feminizado.
Se resuelve, por tanto, la equiparación con las personas trabajadoras por cuenta ajena tanto en el ámbito del sistema extintivo de la relación laboral como en el de la prestación por desempleo.
También se garantiza la protección de la seguridad y salud de las personas al servicio del hogar familiar equivalente a la de cualquier otra persona trabajadora, esencial no solo para asegurar la equiparación de condiciones que exige la normativa antidiscriminatoria de la Unión Europea y el Convenio 189 de la OIT, sino también para garantizar el derecho constitucional a la salud que corresponde a todas las personas.
HASTA AHORA SOLO EQUIPARACIÓN. Hay que seguir luchando por la valoración de las labores de los cuidados y de la atención doméstica y que esto se traduzca en mejoras en las condiciones de trabajo.
Desde las organizaciones feministas como la Organización de Mujeres de la CI y las asociaciones profesionales del sector debemos seguir reivindicando las mejoras que a partir de esta necesaria y justa equiparación deben perseguirse.
Debemos exigir que se cumplan los compromisos adquiridos por el Gobierno en este sentido, por un lado, reivindicando la implantación de políticas de formación y acreditación para las personas empleadas del hogar dedicadas al cuidado o la atención de las personas que formen parte del ámbito doméstico y familiar. Y que estas tengan en cuenta las particulares condiciones de trabajo del sector y de las personas trabajadoras que desarrollan su actividad en él; y por otro, reclamando la creación de una comisión de estudio cuyo objetivo sea la inclusión de la perspectiva de género en el cuadro de enfermedades para que se identifiquen y se corrijan las deficiencias que existen en el ámbito de la protección ante las enfermedades profesionales de los trabajos desarrollados mayoritariamente por mujeres. A partir de ese momento, ya sí que podremos empezar a hablar y negociar mejoras en las condiciones de trabajo de las empleadas del hogar y de los cuidados.
Seguiremos por ello visibilizando las necesidades del sector y reclamando la reducción de la patente precariedad que sigue caracterizando al mismo, así como en aquellos otros en los que las mujeres siguen siendo las más perjudicadas. Seguiremos exigiendo la valoración justa que merece esta profesión de la que depende el bienestar de muchas personas.
