EL PROBLEMA DE LAS COMPAÑÍAS PRIVADAS DE MUFACE PARA EL FUNCIONARIADO
Las compañías que actualmente tienen concertados servicios sanitarios con MUFACE han comunicado su renuncia a renovar su acuerdo, creando un problema a más de un millón y medio de personas aseguradas de tres mutuas públicas (MUFACE, a la que seguirá MUGEJU e ISFAS) por las dificultades de absorción de una sanidad pública infrafinanciada, colapsada y con múltiples procesos de privatización en muchas CCAA.
No podemos vivir sometidos continuamente a este chantaje de compañías que tienen su objetivo puesto en la búsqueda de beneficios, pero la solución a esta situación se ha de hacer de manera coordinada, negociada y poniendo las soluciones antes de acometer decisiones trascendentales para millones de personas. Ello significa apostar en estos momentos por aceptar la continuidad de la situación actual de los conciertos y por abordar un proceso que a medio plazo, dé soluciones estables en un marco controlado desde una sanidad pública, de calidad y suficientemente financiada, donde la participación de las empresas privadas sea una participación temporal y subsidiaria.
El problema es más amplio de lo que te están diciendo
Desde USTEA, llevamos muchos años advirtiendo de los continuos ataques contra la sanidad pública y la falta de escrúpulos y voracidad de los intereses privados que quieren sacar tajada a costa de algo tan necesario e imprescindible como es nuestra salud. La reciente amenaza por parte de las entidades concertadas ASISA, Adeslas y DKV de abandonar el concierto con MUFACE (al que seguirá el de MUGEJU e ISFAS) ha generado un profundo malestar e incertidumbre en más de un millón y medio de funcionarios y funcionarias de todo el estado. Estas empresas argumentan que el aumento de su asignación es insuficiente y que la cobertura médica que se exige es demasiado grande para ellas. Es normal que todo les parezca poco y quieran regatear con la cobertura a la salud de las empleadas y empleados públicos. Es un negocio millonario sufragado con el fruto de nuestro trabajo a través de cotizaciones e impuestos y cuanto menos se gaste en cuidar nuestra salud, más margen de beneficios se obtienen.
USTEA no nos creemos que estas empresas, que reciben de media 500 euros por paciente al año, estén dispuestas a renunciar a una masa tan importante de su clientela, que es estable y les asegura cientos de millones de euros fijos cada año frente al mercado privado de seguros, más inestable y competitivo en el que también participan. Abandonar MUFACE sería inasumible para unas empresas que, a diferencia de la sanidad pública, no tienen como principal objetivo la salud de los pacientes, como estamos viendo, sino obtener beneficios.
¿Por qué amenazan ASISA, Adeslas y DKV con dejar a sus clientes tirados?
Su codicia económica ha generado un escenario de presión y negociación con el gobierno, el cuál les había propuesto un aumento de su asignación del 17% pero, al mismo tiempo, una mayor calidad y exigencia en la cobertura. Se les aumentaba la asignación y se les exigía acercarse un poco más a los estándares de cobertura de la sanidad pública.
Y efectivamente, el funcionariado adscrito a estas entidades privadas es rehén de este sistema y se convierte en moneda de cambio entre estas presiones, generando a casi un millón de personas una incertidumbre y miedo que no se merecen, porque han cumplido siempre con sus obligaciones cotizando y pagando impuestos.
Nuestra sindicato USTEA representa los derechos e intereses de las personas trabajadoras y no nos verán nunca de parte de las patronales de ningún tipo, ni de quienes juegan con nuestros derechos, ni de ningún partido que nos gobierne, independientemente de su color, mientras perjudique al funcionariado y a toda la clase trabajadora.
¿Por qué se eligen entidades sanitarias privadas dentro de MUFACE? Los ataques contra nuestro derecho a la salud y la sanidad pública
Aunque cada vez es mayor el porcentaje del funcionariado que se incorpora y elige la sanidad pública, es necesario preguntarse porqué aún más de la mitad del mismo continúa adscrito a estas entidades privadas para poder tener la visión completa del problema. Esto tiene que ver con los continuos recortes y ataques que viene sufriendo la sanidad pública desde hace ya décadas. La misma sanidad pública que nos salvó en la pasada pandemia de COVID-19, la que nos atiende siempre, también cuando en las dolencias graves se nos desvía desde la sanidad privada concertada. La misma que se la jugó mientras muchas clínicas privadas con camas hospitalarias permanecían cerradas.
El deterioro continuado de la sanidad pública (ya sea consentido o potenciado desde diversos gobiernos), que es más eficaz, más barata y ofrece una cobertura mucho mayor que las que ofrecen las entidades privadas, ha servido para ir empujando a una masa creciente de clientes hacia los sistemas sanitarios privados, más caros y más deficientes. Gobiernos como se de la Junta de Andalucía, no han parado de empujar activamente y a marchas forzadas en la dirección de la destrucción de tejido público, haciendo aumentar las listas de espera, despidiendo por no contratación a miles de trabajadoras y trabajadores sanitarios y concertando con entidades privadas hasta límites absurdos. Todo esto sirve para obligar a que cada vez más gente se vea obligada a pagar seguros privados y pasarse a entidades que, supuestamente, empiezan a atender citas más rápido y aplicar tratamientos antes (aunque luego se desembaracen de pacientes con problemas muy serios o costosos a los que derivan de vuelta a los servicios sanitarios públicos, a costa de casos graves que pierden un tiempo precioso de intervención). De esta manera, las concertaciones de sanidad privada que ofrecía entre otros servicios MUFACE, han sido la punta de lanza con la que consolidar el negocio privado a costa de nuestra salud.
Estos gobiernos, presentes en varias comunidades autónomas, han forzado sus actuaciones y políticas públicas para beneficiar a los intereses privados a costa de los intereses de la mayoría de las personas. Pero aunque sabemos que los ataques son graves y vamos por muy mal camino, todavía el sistema de salud pública sigue siendo el pilar fundamental, más justo y seguro para proteger nuestra salud.
¿Y qué pasaría si no se renueva el concierto con MUFACE?
A día de hoy, aún es una hipótesis poco creíble, ya que los cerca de un millón y medio de funcionarias y funcionarios que están en esta situación y dependían en buena medida de ASISA, Adeslas y DKV pasarían directamente a formar parte de la Seguridad Social. De primeras, no es que pudiera parecer un drama en el sentido de que buena parte de los tratamientos más graves pueden terminar derivando al Sistema Nacional de Salud, que sí que cubre todo lo que puede cubrirse. No olvidamos que estas derivaciones suponen un proceso lento y muy burocratizado, ocasionando en demasiadas situaciones un sufrimiento y perjuicio innecesario para las y los pacientes. Las entidades privadas y los gobiernos no parecen muy interesados en hacer estudios estadísticos de estas derivaciones y no hay datos públicos que puedan aclarar en qué medida se producen ni el impacto en la salud de las y los pacientes, pero consideramos que sería un dato muy importante para tener en cuenta (aunque tenemos la sospecha de que determinados intereses privados no quieren que se sepa).
Por si esto fuera poco, los cada vez más generalizados copagos que exigen las entidades privadas por ciertos tratamientos o actuaciones que no consideran “urgentes” o valoran como “prescindibles”, supondrían un abaratamiento de gastos importante para el funcionariado adscrito a estas entidades. Nuevamente, tampoco hay datos de la cuantía total sobre estos copagos y es muy comprensible que las entidades privadas no quieran tener en cuenta tampoco estos datos a la hora de presionar al gobierno para que suelte más de nuestro dinero.
Sin embargo, la irresponsabilidad de los gobiernos y sindicatos presentes en los órganos de MUFACE (paritarios entre la administración y algunos sindicatos) por no atajar la voracidad económica de las entidades privadas al tiempo que se ataca y se reduce progresivamente el sistema público sanitario, podría suponer una sobrecarga prácticamente inmediata para el sistema público. El problema creado por quienes toleraban o defendían este modelo nos ha llevado a esta situación de incertidumbre y pánico en el funcionariado mutualista adscrito a estas entidades privadas.
¿Qué podemos hacer y exigir para salir de esta situación en la que nos han metido el modelo de concertación privado en MUFACE, ASISA, Adeslas, DKV?
Desde USTEA y el resto de los sindicatos de la Confederación Intersindical proponemos:
- Mantener provisionalmente la actual situación y establecer un procedimiento progresivo y razonable para finalizar con el modelo de concertación privado de MUFACE bajo la condición de asegurar la cobertura y derechos sanitarios adquiridos por las personas adscritas a este modelo y al de seguridad social al alza dentro del sistema público de salud. Se trata de que todos y todas ganemos y avancemos en derechos, no de retroceder.
- Exigir al gobierno que realice con valentía y responsabilidad las actuaciones necesarias para que de una manera u otra, el personal de MUFACE adscrito a entidades privadas tenga sus necesidades sanitarias cubiertas.
- Exigir responsabilidad a ASISA, Adeslas y DKV y presionar para que dejen de jugar con nuestra salud, generando incertidumbre e inseguridad en cerca de un millón de personas afiliadas. Valoramos que hay que presionar a estas compañías y movilizarse contra ellas por chantajear a la ciudadanía y a nuestros representantes públicos al amenazar con dejar en situación de desprotección a funcionarias y funcionarios.
- Revertir los recortes en la Sanidad Pública, reducir drásticamente las listas de espera, dotar a todos los centros sanitarios de más personal y, en definitiva, fortalecer un Sistema Nacional de Salud capaz de cubrir con seguridad y eficacia las necesidades y derechos sanitarios del conjunto de la sociedad. Sobre todo, para proteger a la ciudadanía de los desmanes, inseguridad e ineficacia que provocan, como estamos viendo, los sistemas de sanidad privada.
No queremos que perjudiquen nuestro derecho a la salud ni que jueguen con él.
No podemos ponernos al servicio de la voracidad económica de las patronales privadas sanitarias, a costa del conjunto del funcionariado
No queremos ser rehenes y moneda de cambio en las negociaciones por favorecer intereses privados con nuestros impuestos y cotizaciones
No podemos ni queremos que este problema, del que no somos responsables, sirva para que se siga atacando a la sanidad pública, porque es la más justa y eficaz y es la de todos y todas.
Defendemos nuestro derecho a una atención sanitaria en condiciones pero no podemos ni queremos ser cómplices del egoísmo e insolidaridad de las patronales de la sanidad privada
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