La Educación no se vende, la Educación Pública se defiende, consigna clara que defendería cualquier gobernante, y mucho más si se denomina a sí mismo, de izquierdas y esto es precisamente lo contrario que está ocurriendo en Andalucía.
Susana Díaz, la presidente del Gobierno Andaluz, ha declarado en varias ocasiones que en Andalucía no hay recortes en Educación. Pero sí lo hay y son recortes abiertos, soterrados, encubiertos, y algunos legislados.
Los soterrados son aquellos que empiezan por el eslabón más débil, por el grupo educativo más minoritario, aunque en este caso, como suele ocurrir, el más necesitado.
En Andalucía, desde la entrada en vigor de la LOGSE en mil novecientos noventa, los alumnos con Necesidades Educativas Especiales, se integraron en el Sistema Educativo Español y Andaluz, para eso dotaron de especialistas el sistema. Orientadores/as, psicólogos o psicopedagógos, especialistas en pedagogía Terapeutica, especialistas en Audición y Lenguaje, monitores de Educación Especial, entre otros.
Tenemos en nuestras aulas, diversidad desde todos los puntos de vistas, gran enriquecimiento para nuestra escuela y nuestros alumnos/as.
Poco a poco hemos ido experimentando nuestro propio aprendizaje como profesionales, para poder atender a estos alumnos/as que requieren atención especializada pero integrada. Poco a poco, han ido dotando al Servicio Público Educativo de recursos humanos y materiales para poder decir la palabra INTEGRACIÓN en voz alta y con mayúsculas, pero nunca terminaron de dotarla y ahora se sufre de un recorte en el sistema Educativo Andaluz por el extremo más débil.
Desde USTEA, denunciamos que en la provincia de Cádiz, a fecha de hoy, tenemos veinte alumnos/as que necesitan monitor de Educación Especial, que tienen dictamen oficial de Escolarización, donde como su propio nombre indica, se dictamina que estos alumnos/as no pueden integrarse en sus centros sin una figura que los monitorice, en el mejor sentido de la palabra. Algunos necesitan alguien que les ayude a desplazarse por el centro por su propia discapacidad motórica, otros necesitan que les ayuden en el aseo porque no controlan esfínteres, otros no son autónomos para la alimentación o incluso otros tienen problemas conductuales que hacen imposible su integración y el normal desarrollo del centro.
Los técnicos de la Delegación Provincial de Educación, los orientadores educativos, tenemos entre nuestras numeras funciones, dictaminar las necesidades que tiene un alumno de Educación Especial, las firmamos, las sellamos, son firmadas por las familias de los alumnos/as y caen en papel mojado, o mejor dicho caen en manos de la Política económica y de la decisión de unos políticos que están lejos de la discapacidad, de la integración y de la diversidad.
USTEA denuncia esta situación de precariedad en la escuela, y de negación del derecho a la educación, un derecho universal, como tantos otros, que está siendo pisoteado y ninguneado.
Solicitamos a la Consejería de Educación y a la Delegación Provincial de Educación de Cádiz, que ponga los recursos necesarios para poder atender a estos alumnos/as de nuestra Escuela Pública, una escuela de todos/as y para todos/as.
