Las oposiciones, convocadas al amparo del Acuerdo de Mejora del Empleo de 29 de Marzo de 2017 serán eliminatorias. Lo serán así por voluntad política del Partido Popular, no por imperativo legal de nuestra Constitución. Ayer, 20 de noviembre, el ministro impuso su voluntad desoyendo a buena parte de las comunidades autónomas en la Conferencia Sectorial de Educación, como antes lo había hecho a los sindicatos en la Mesa Sectorial.
Desde USTEA hablamos de cinismo del Ministerio cuando pone en tela de juicio la legalidad de las pruebas no eliminatorias, hablando de los principios constitucionales para acceder a la función pública de mérito, igualdad y capacidad, y de lo dispuesto en el artículo 61.6 del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP).
Respecto a esos principios constitucionales la experiencia como mérito puede ponderarse más o menos, según el color político del partido gobernante, o la capacidad darse por demostrada en quienes lleven un número de años a convenir trabajados sin haber sido nunca expedientados, ese tipo de lecturas diferentes ya se han dado.
En relación al artículo 61.6 del EBEP (publicado en el BOE Nº 261 el 31/10/2015) en la nota de prensa emitida ayer por el Ministerio, se hace una lectura sesgada del mismo, al no reproducirlo en su integridad. En su segundo párrafo dicho artículo establece literalmente “Sólo en virtud de ley podrá aplicarse, con carácter excepcional, el sistema de concurso que consistirá únicamente en la valoración de méritos”. Hasta esa posibilidad está contemplada, así que no digamos el carácter no eliminatorio de las pruebas.
Según el Acuerdo del 29 de Marzo los próximos procesos de oposiciones tienen un carácter extraordinario o excepcional por el volumen de plazas a oposición, en consecuencia podrían arbitrarse perfectamente medidas como las expuestas.
Conviene recordar que desde la transición a nuestros días se han dado cuatro ocasiones donde han tenido lugar procesos excepcionales, en 1977, antes de la aprobación de la Constitución, y en tres ocasiones posteriores a su aprobación en 1978, el último de ellos en las oposiciones habidas entre 2008 y 2011.
En consecuencia exigimos que el ministro D. Íñigo Méndez de Vigo sea valiente y asuma que es una decisión política la que lleva a que las pruebas sean eliminatorias y no se escude en que la legalidad no lo permite. Y está legitimado para ello, es el ministro de educación por haberlo decidido el presidente del gobierno, que a su vez lo es gracias a que el Congreso de los diputados lo envistió como tal. Pero que no tire la piedra y esconda la mano.
