LAS BAJAS SIN CUBRIR Y EL DERECHO A LA EDUCACIÓN
A raíz de la Queja presentada por USTEA, el Defensor del Pueblo Andaluz recuerda a la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía EL DERECHO CONSTITUCIONAL A LA EDUCACIÓN.
Hagamos un poco de memoria. Ante la calamitosa situación de la gestión de las bajas en los centros andaluces de titularidad pública, en febrero de 2016 USTEA elevó la correspondiente Queja solicitando la intervención del Defensor del Pueblo Andaluz, en la que denunciábamos graves deficiencias en la gestión de las sustituciones del profesorado en los centros educativos públicos andaluces.
Dado que la respuesta de la Consejería fue, además de tardía, claramente insuficiente -argumentaban que los problemas en las sustituciones se debían a circunstancias fortuitas-, presentamos las correspondientes alegaciones, instando al Defensor del Pueblo a actuar para que la Administración andaluza atienda las necesidades de los centros educativos, sea escrupulosa con los derechos laborales del profesorado y respete los derechos del alumnado y sus familias. Consecuentemente, con fecha 5 de diciembre de 2016, el Defensor del Pueblo remitió a la Consejería de Educación una Resolución que contiene:
- Recordatorio de deberes legales: Artículo 27.4 de la Constitución: derecho a la educación.
- Recomendación única: que la Consejería de Educación lleve a cabo un exhaustivo análisis de los tiempos medios intermedios y total entre la fecha de generación de la baja y su efectiva cobertura mediante sustitución, y que adopte las medidas pertinentes en garantía de la calidad y mejora del sistema educativo.
Descarga la respuesta completa del Defensor del Pueblo Andaluz a la CEJA
Pasado más de un mes de dicha resolución, la Consejería de Educación demuestra fehacientemente que no le importa lo que pueda decir el Defensor del Pueblo Andaluz. Y no es que nos sorprenda, pero sí que nos preocupa. Y mucho.
¿Cómo no se les cae la cara de vergüenza? ¿Qué tipo de responsables tenemos a cargo de la Educación Pública en Andalucía? A estas alturas de la película, tras 38 años de ininterrumpido gobierno del PSOE-A, lo más triste, lo verdaderamente perverso, es la absoluta falta de voluntad por parte del Gobierno andaluz para intentar remontar la preocupante situación de la educación pública en nuestra tierra. La Administración educativa andaluza, instalada en la prepotencia y la autocomplacencia, sigue escurriendo el bulto ante cualquier problema, mientras culpa al resto del mundo de todos los males; y si hay que recurrir a delirantes conspiraciones internacionales, o a la herencia franquista, o a culpabilizar a las familias que reclaman condiciones dignas en los centros escolares… pues se hace y punto.
Por delimitar el panorama, y con ánimo constructivo, echemos un rápido vistazo a los señores y las señoras responsables de este desaguisado, y algunos de sus “logros” más destacados en los últimos 7 cursos:
- Francisco Álvarez de la Chica (2010-2012). Aprobación del sistema de cupos para sustituciones.
- Mar Moreno (2012-2013). Despido de 4502 docentes de Secundaria.
- Luciano Alonso (2013-2015). Desastre en la acreditación del Profesorado de FP.
- Adelaida de la Calle (2015-…). Implantación 2×1 en Segunda Lengua Extranjera en Primaria.
En definitiva, personas sin peso político, nombradas merced principalmente a las cuotas territoriales que el PSOE-A maneja a la hora de repartirse el pastel de lo que consideran su cortijo, nombres sin calado profesional, sin ideas, sin un mínimo conocimiento de las necesidades educativas de Andalucía, y que, sin el más mínimo pudor, han pergeñado y mantenido esta cadena de despropósitos y esta imperturbable mala gestión.
Que quede bien claro: al contrario que a la Consejería, a USTEA sí le importa lo que diga el Defensor del Pueblo Andaluz. Porque en USTEA sabemos que el derecho universal a la educación se construye y se defiende día a día. Y no cubrir las bajas es una forma -especialmente deleznable- de conculcar ese derecho, día a día, centro a centro, aula a aula.
Andalucía, 20 de enero de 2017.
