El sistema educativo necesita una ley que cuente con un amplio compromiso social en favor de una escuela pública laica, inclusiva, gratuita y universal y que reconozca sin ambages la subsidiariedad de la privada-concertada hasta la desaparición de los conciertos. Una ley que apueste de manera decidida por la gestión democrática de los centros y la participación de la comunidad educativa, que luche contra la desigualdad y esté enraizada en su entorno social y cultural.
Una ley que deberá ir acompañada de la financiación adecuada, de forma que se concrete un notable aumento de la inversión en educación como vía para superar el atraso histórico en infraestructuras y dotaciones y garantizar una enseñanza pública de calidad para todas y todos, que combata las desigualdades, el abandono y la segregación escolar.
Una ley que suponga también un firme compromiso con el profesorado, que debe contar con el reconocimiento y la dignificación social, laboral y económica que se merece, contemplando así mismo el acceso diferenciado para el profesorado interino.
En este sentido, exigimos el cumplimiento de los acuerdos firmados por el partido político que hoy sustenta al gobierno central, en sendas iniciativas parlamentarias que proponían la derogación de la LOMCE (PNL de 4 de octubre de 2016) y la derogación del Acuerdo con el Vaticano (PNL de 21 de febrero de 2018).
Para USTEA no es suficiente con un mero maquillaje de una ley involucionista y retrógrada que ha provocado el deterioro del sistema público de enseñanza, aumentando la desigualdad y la segregación y elevando la precariedad laboral y la privatización hasta límites insostenibles. Hay que impedir que la educación siga siendo una oportunidad de negocio empresarial, un reservorio del patriarcado o la reserva espiritual de las doctrinas religiosas.
Por todo ello, exigimos la convocatoria urgente de la Mesa Sectorial de Educación, a nivel estatal, para negociar con las trabajadoras y los trabajadores de la enseñanza la mejora de las condiciones de trabajo y el aumento de las plantillas, así como para establecer un calendario de trabajo que desemboque en la elaboración de una nueva ley educativa.
Andalucía, 19 de noviembre de 2018
