El ministro Méndez de Vigo y el presidente de la Conferencia de Rectores han anunciado que la reválida de 2º de Bachillerato- que debería realizar ya en 2017 el alumnado que ahora está en 1º -será lo más parecido posible a la actual PAU.
El PP y su gobierno en funciones acceden a modificar aspectos importantes de los desarrollos de la LOMCE, consciente del daño electoral que podría acarrearle la implantación de una ley aberrante cuyo principal objetivo es segregar al alumnado, profundizar en la privatización y jerarquización de la enseñanza y continuar con los recortes que ahogan a la red pública.
En esta misma semana hemos asistido a un intento de maquillar las reválidas de 6º de primaria indicando que no se publicaran ránkings o clasificaciones de centros en función de los resultados del alumnado. Pero no publicarlos no quiere decir que no existan y que no vayan a ser utilizados para, por ejemplo, clasificar y ordenar a los centros. Por ejemplo en Cataluña los resultados del alumnado sirven ya para que el profesorado cobre o no determinados incentivos.
En el caso del Bachillerato, el Ministerio cede en parte a las presiones de la comisión de rectores y de la comunidad educativa, que exigíamos una moratoria en la implantación de la Ley. Organizaciones como USTEA y la Confederación de STEs, junto a otras que defienden la escuela pública, llevamos exigiendo de forma incansable la derogación de la LOMCE y una moratoria en su aplicación.
Ya advertíamos de los gravísimos problemas que supone aplicar una ley diseñada a toda velocidad con un calendario de implantación absurdo que ha trastocado la vida de los centros y que puede tener carácter irreversible para el alumnado.
La reválida que sustituye a la actual PAU, a pesar de que el Ministerio haya renunciado a implantar una prueba única tipo test celebrada en el mismo día, sigue conservando el mismo carácter segregador: sigue impidiendo obtener el Título de Bachillerato al alumnado que concluya sus estudios y obliga a superar la prueba tanto para entrar en la Universidad como para titular. Sigue siendo posible que las universidades opten además por la realización de pruebas específicas, es decir otro obstáculo más en el acceso a los estudios superiores, lo cual favorecería a aquellos estudiantes que tengan medios económicos para poder presentarse en diferentes universidades.
El nuevo ministro y el gobierno en funciones se ven obligados por su débil posición política a aceptar enmiendas de calado a su política educativa. Las CCAA tienen la obligación de mantener una posición firme y exigir una moratoria en la aplicación de la Ley. Y tienen que tomar ya una decisión como lo han hecho muchas de ellas: no celebrar las reválidas de 6º de Primaria tiene que ser la primera.
Y la siguiente, exigir que en 2017 no se modifique la PAU, que no se apliquen los itinerarios en 4º de ESO ni las medidas lesivas que esta ley, cuyos días están contados, contiene. La Consejerías de Educación que aún no han movido ficha deberían cambiar su posición timorata y unirse a las CCAA que ya están plantando cara un Ministerio de Educación que ya prácticamente carece de legitimidad
