Un reciente informe elaborado por el Comité de Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU, a partir de datos recabados en las visitas a distintos centros educativos de Andalucía, Catalunya, Castilla y León y Madrid, concluye que en el estado español existe un patrón estructural de exclusión y segregación que afecta al alumnado con discapacidad.
Indica el informe que las administraciones educativas, tanto la estatal como las autonómicas, consideran el acceso a centros especializados como la atención prevalente para el alumnado con discapacidad, sin considerar que el niño o la niña es un pleno sujeto de derecho. Así, aunque existe como posibilidad legal, la educación inclusiva está ausente de los planes educativos que culminan con la correspondiente titulación. De hecho, el informe destaca que el sistema ofrece pocas oportunidades para el alumnado con discapacidad una vez concluye el periodo de enseñanza obligatoria, puesto que, en lugar de la titulación habitual, obtiene un certificado que habilita para trabajar o bien para acceder a formación segregada. Como resultado, la gran mayoría de personas con discapacidad abandona los estudios tras la educación secundaria.
El Comité de Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU considera que existen en el sistema educativo español “violaciones al derecho a la educación inclusiva y de calidad principalmente vinculadas a la perpetuación de un sistema educativo que continua excluyendo de la educación general, particularmente a personas con discapacidad, basándose en una evaluación anclada en un modelo médico de la discapacidad que desemboca en segregación”.
Esta segregación afecta principalmente a personas con discapacidad intelectual o psicosocial, con trastornos del espectro autista, hiperactividad y déficit de atención, o con discapacidad múltiple. Este alumnado ingresa, de forma general, en centros de educación especial, o bien se incluye en proyectos separados de sus compañeros y compañeras.
Subraya el informe que “el alumnado con discapacidad que va a centros educativos ordinarios sigue separado de sus compañeros y compañeras, mientras que en la mayoría de los otros casos observados, cuando está en la misma aula en un centro educativo ordinario, hace normalmente algo distinto al resto de los estudiantes, no necesariamente relacionado con la clase, reforzando la exclusión.”
Para el citado Comité de la ONU, una de las claves parece encontrarse en la evaluación:
“En teoría, la evaluación psicopedagógica y el dictamen se conciben como herramientas para garantizar la equidad en las decisiones educativas y determinar el ajuste razonable que el o la estudiante con discapacidad requiere. En la práctica, el sistema se centra en los déficits y las deficiencias y resulta en la estigmatización del niño o la niña como no educable en el sistema de educación general. Es decir, en lugar de explorar todas las posibilidades de inclusión del alumnado, los diagnósticos impiden que los centros educativos ordinarios proporcionen medidas de apoyo y ajustes razonables”.
Recursos, plantillas, presupuestos… Del informe se deducen algunas cuestiones muy relevantes que las administraciones deben tomar muy en serio:
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No existen investigaciones oficiales sobre los beneficios de la educación inclusiva.
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Los recursos están asignados a los centros, no a las necesidades específicas personales.
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La reasignación de estos recursos tiene una flexibilidad limitadísima.
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El número de estudiantes por docente es alto.
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El profesorado especializado comparte varios centros, sin garantías de que el alumnado reciba el apoyo requerido.
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No hay incentivos para la formación del profesorado implicado.
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Existen costes adicionales para las familias, en forma de apoyos a través de servicios privados.
La implantación de un sistema educativo inclusivo, no discriminatorio y basado en la igualdad, exige la completa desaparición de la segregación del alumnado con discapacidad, para lo cual es imprescindible afrontar las modificaciones legales pertinentes, además de una planificación con objetivos a corto y medio plazo, y un significativo aumento presupuestario.
Todo ello, tal y como señala el informe, garantizando a las personas con discapacidad el derecho a ser oídas y tomar en cuenta sus opiniones. Ahí está el reto.
Andalucía, 5 de junio de 2018
