Resolución aprobada en el Pleno Federal de USTEA
5 de marzo de 2021
El pasado domingo 14 de febrero Pablo Hasél fue detenido y llevado a prisión. Pasó a engrosar la lista de las personas que han sido encarceladas desde 2009 por delitos relacionados con la libertad de expresión. En un primer momento se desató la solidaridad ante lo que es una aberración en un estado democrático. Personalidades muy conocidas del mundo de la cultura mostraron su rechazo ante la sentencia que obliga a Hasél a ingresar en prisión, pidiendo su absolución y clamando por la libertad de expresión.
Pronto esa corriente de solidaridad fue remitiendo y modificándose. Los disturbios relacionados con las manifestaciones de apoyo, los juicios de valor del propio Hasél sobre determinadas organizaciones políticas y personalidades y el revuelto entre anteriores sentencias y denuncias, han sido utilizados para desviar el foco de antención, logrando que el juicio público no se centre en un sistema penal que puede llevarte a la cárcel por emitir opiniones públicas, sino en la supuesta “calidad” del reo y en el “valor” de sus opiniones. Es como si para defender la libertad de expresión de una persona, tuviéramos que compartir su trayectoria y opinión. Una visión estrecha de la libertad de expresión que dibuja un sistema autoritario que no permite la crítica sobre sus instituciones. Sin embargo, la libertad de expresión es la garantía de emitir libremente opiniones, aún a riesgo de no ser compartidas por quienes las reciben. Este sistema autoritario que no permite discrepancias públicas ha venido hoy a por Pablo Hasél, pero mañana puede venir a por toda aquella persona u organización que emita opiniones críticas hacia cualquier institución del estado. Mientras tanto, la campaña de odio de la extrema derecha en Cataluña contra toda una comunidad, la musulmana, para los comicios del 14-F, no ha tenido hasta el momento, ninguna consecuencia judicial.
Es por ello por lo que hay que mostrar públicamente nuestro rechazo a esta barbaridad y tejer un movimiento que ponga de nuevo el problema sobre la mesa. Los sindicatos de trabajadores y trabajadoras tenemos la responsabilidad de resituar el debate donde nunca debió salir: no se puede ir a la cárcel por emitir opiniones públicas. Se puede estar o no de acuerdo con Hasél, pero eso no tiene nada que ver con el problema de fondo.
En este escenario, dos personas están en prisión sin fianza en Granada por participar en las manifestaciones de protesta. En este, como en otros muchos casos, las detenciones se centran sobre el colectivo juvenil, que es el más afectado por el paro. Efectivamente, según la Encuesta de Población Activa de 2020, en Andalucía el 52% de los menores de 25 años estaban a fin de año en paro (https://datosmacro.expansion.com/paro-epa/espana-comunidades-autonomas/andalucia). Independientemente de cómo se valore el destrozo del mobiliario público, lo cierto es que la prisión preventiva es absolutamente desproporcionada. Nuevamente, la corriente de opinión que generan los medios criminaliza las protestas, las manifestaciones y a la juventud misma.
En suma, el autoritarismo del sistema se está disparando y es responsabilidad de todos y todas plantarle cara. Por eso, el sindicato USTEA manifiesta en esta resolución su inequívoca defensa de la Libertad de expresión, exige la derogación de la Ley Mordaza, la reforma del código penal y la inmediata libertad de Pablo Hasél y de los jóvenes encarcelados en Granada.
