Representamos a la clase trabajadora y también se nos debe escuchar
Las últimas declaraciones del ministro Iceta no dicen nada nuevo respecto a otras declaraciones públicas. Centra su discurso en el acceso a la función pública y no a la sanción al fraude en la contratación temporal, y en base a esta falacia, pretende reducir la tasa de temporalidad al 8%, sometiendo al personal temporal abusado a unos procesos selectivos, según él, para garantizar los principios constitucionales de acceso a la función pública. Lo que no dice es que el personal temporal abusado ya accedió a la función pública cumpliendo esos principios y que un proceso selectivo no es sanción al fraude cometido.
Las consecuencias de esta decisión, que será plasmada en la próxima reforma del EBEP, lejos de solucionar el problema de la temporalidad en la Administración, va a suponer el despido libre y gratuito de casi un millón de trabajadores y trabajadoras del Sector Público, porque los procesos de estabilización están destinados a estabilizar plazas y no a las personas que las ocupan.
Pero la cosa no queda ahí. Las últimas novedades que anuncia el ministro Iceta para evitar la futura temporalidad en la Administración pasa por crear los mecanismos que eviten el fraude de ley por abuso de la temporalidad, pero no la temporalidad en sí. Plantea:
- Reforzar la contratación temporal por acumulación de tareas sin exceder los tres años, para evitar así el fraude.
- La incorporación de la figura del becario para fomentar el empleo juvenil. Dejando escapar el talento de la experiencia que ya posee el personal temporal para ser sustituido por becarios” lo que perjudica tanto a las personas con experiencia porque se prescinde de ellas, como a las personas jóvenes, que acceden a las administraciones públicas en condiciones de precariedad laboral.
- La posibilidad de la pérdida de plazas estructurales mediante amortización si no son cubiertas por personal fijo en el plazo establecido en el nuevo EBEP
- Incorporar los mecanismos de selección de personal del sector privado que incentiven el individualismo y la competitividad en vez de la vocación de servicio público.
Todas estas medidas condenarán a la exclusión social al personal abusado una vez cesado y no resolverán el problema de la precariedad en la Administración, sentando así las bases del desmantelamiento de los Servicios Públicos, que provocará malestar social al perjudicar gravemente a la ciudadanía, mientras que deja vía libre a la privatización de todos esos servicios que se verán mermados en los próximos años por amortización de plazas no cubiertas por personal fijo o por jubilación.
28 de mayo de 2021
