Del 24 al 29 de abril celebraremos la Semana de Acción Mundial por la Educación (SAME 2017), impulsada en España por la Campaña Mundial por la Educación (CME España). Este año las organizaciones implicadas tratamos de sensibilizar a los ciudadanos y ciudadanas para que conozcan y reivindiquen el cumplimiento del cuarto de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS4), y del conjunto de la Agenda 2030 de educación, a la que se han adherido todos los Estados. El ODS4 está centrado en el derecho a la Educación y tiene 10 Metas.
La semana pasada ya hablamos de la Meta 1 “Ningún niño, niña o joven sin educación”, de la Meta 2: “Que todos los niños y niñas reciban educación infantil“, de la Meta 3: “Acceso igualitario a la educación técnica y superior” y, de la Meta 4: “Aumentar el número de jóvenes y adultos con las competencias necesarias”.
La Meta 5 propone eliminar las diferencias de género en la educación y asegurar que las personas más vulnerables tengan acceso a todos los niveles de la enseñanza y la formación profesional, incluidas aquellas con alguna discapacidad, los pueblos indígenas y los niños en situación de vulnerabilidad, para el año 2030
Igualdad de género: en relación a este aspecto, la meta 5 plantea que todos los niños y niñas, hombres y mujeres deberían tener iguales oportunidades de recibir una educación de calidad, alcanzar niveles formativos equivalentes y disfrutar por igual de las ventajas de la educación. Presta especial atención a las adolescentes y mujeres jóvenes, así como a las mujeres que viven en zonas con altos índices de pobreza y en zonas rurales remotas, ya que todas ellas tienen más probabilidades de enfrentarse a violaciones de derechos y problemas como la violencia de género, el matrimonio infantil, el embarazo precoz y la sobrecarga de tareas domésticas.
Tanto los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ONU) como la Agenda de Educación para Todos (EFA) destacaban la necesidad de asegurar que los chicos y chicas tengan un acceso igualitario a la educación. En este sentido, se han logrado progresos genuinos en paridad de género tanto en la educación primaria como en la secundaria, a pesar de que los promedios globales y regionales han enmascarado una continua brecha de género: individualmente, sólo el 63% de los países alcanzaron la paridad entre hombres y mujeres en primaria, y este porcentaje desciende a un 46% en secundaria y un 23% en secundaria superior. Además sus promedios enmascaran también grandes diferencias en colectivos concretos, como las mujeres pobres, y especialmente aquellas que viven en áreas rurales y grupos étnicos minoritarios.
Esta meta también indica que aquellas políticas encaminadas a superar las desigualdades de género resultarán más eficaces si forman parte de un conjunto de medidas que también promuevan la salud, la justicia, el buen gobierno y la emancipación del trabajo infantil.
Inclusión y equidad: asimismo, la meta 5 indica que todas las personas, sin distinción de sexo, edad, raza, color, pertenencia étnica, idioma, religión, ideas políticas o de otra índole, origen nacional o social, patrimonio o nacimiento, así como las personas con discapacidades, migrantes, pueblos indígenas y niños y jóvenes y, especialmente, quienes se encuentran en situaciones vulnerables o excepcionales, deberían tener acceso a una educación inclusiva y equitativa de calidad y a oportunidades de aprendizaje a lo largo de toda la vida.
Entre esos grupos vulnerables que requieren una atención especial y medidas específicas destacan las personas con discapacidad, los pueblos indígenas, las minorías étnicas y quienes viven en la pobreza.
Los ODS establecen unos indicadores de paridad, que relacionan estas cuestiones con el contexto en el que viven los alumnos y alumnas, ya que se comprueba que en países con índices altos de pobreza es más difícil acceder a la educación en igualdad de condiciones, así como evitar el abandono escolar. En el año 2000, sólo un 5% de los niños y niñas pertenecientes al quintil más pobre de la población asistían a la escuela, frente al 40% de los niños y niñas que lo hacían en el caso del quintil más rico. 10 años después, ese índice subió al 20% entre los más pobres y al 82% entre los más ricos. Por tanto, es necesario que se adopten medidas específicas dirigidas a estos contextos donde los y las jóvenes se encuentran en desventaja.
Sin embargo muchos Gobiernos no han entendido suficientemente la necesidad de observar, informar y actuar en relación a la inequidad educativa. El Global Education Monitoring Report (2016) afirma claramente que existe una información insuficiente en marcadores importantes de desigualdad como la discapacidad. No obstante, esperamos que la Agenda 2030 haga valer su lema de “no dejar a nadie atrás” y se traduzca en cambios positivos en este sentido.
La discapacidad es precisamente uno de los principales factores de discriminación y exclusión, y de hecho con frecuencia este colectivo ve vulnerado su derecho a acceder a una educación de calidad.
En 2006, la Convención de Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad conminaba a los Estados firmantes a garantizar una educación inclusiva en todos los niveles. La agenda de los ODS también se fija como un objetivo fundamental requerir que los gobiernos garanticen un acceso igualitario a todos los niveles de la enseñanza y formación profesional independientemente del nivel de discapacidad.
Como organización representante de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo en España (que es el colectivo entre la discapacidad que mayores dificultades de acceso a la educación), Plena inclusión ha participado activamente en la elaboración de la Observación General nº 4 del Comité de la ONU sobre los Derechos de las personas con discapacidad y las obligaciones que tienen los Estados miembro para garantizarla. En esta Observación, publicada el pasado 2 de septiembre de 2016, Plena inclusión realizó algunas propuestas y observaciones, entre las que destacan:
- La inclusión de medidas específicas para alumnos con necesidades de apoyo extenso y generalizado.
- La alusión al irreversible efecto de una inadecuada escolarización en el colectivo de niños y niñas con discapacidad intelectual o del desarrollo.
- La inclusión de barreras concretas como la falta de liderazgo de los Estados, la falta de formación del profesorado y los currículos mal diseñados.
- La garantía no sólo del acceso a la educación de este colectivo, sino también de la permanencia y progreso del mismo, habida cuenta de que la educación es la llave de entrada a otros derechos como el empleo.
- Asegurar que los procesos de ajuste razonable cuentan con todas las partes y que su denegación esté suficientemente motivada.
- Adopción de medidas de sensibilización que garanticen la eliminación de estereotipos asociados a la escolarización del alumnado con necesidades de apoyo extenso y generalizado.
- Garantizar que las decisiones sobre la escolarización de estos alumnos sean apelables por la vía judicial, de forma rápida y eficaz.
- La educación para el empleo debe formar parte de la educación inclusiva, para poder garantizar el empleo en igualdad de condiciones.
- Incluir medidas de flexibilización laboral para las familias de estos alumnos y alumnas.
Es necesario que, como ciudadanos y ciudadanas, exijamos a nuestros representantes políticos y Gobiernos que adopten medidas para acabar con la desigualdad en el acceso a la educación de los colectivos más vulnerables, y garantizar este acceso sea igual para niños y niñas, sea cual sea su condición.
