Desde USTEA y nuestra Confederación Intersindical hemos luchado durante décadas por la estabilidad del personal interino y temporal en toda la función pública. Hemos denunciado la política tibia y pasiva de todos los gobiernos ante la precarización y abuso hacia sus trabajadoras y trabajadores públicos. Diversas sentencias europeas han condenado la dejadez y maltrato continuos que han llevado a una temporalidad aproximada del 30% en el sector público, mayor inclusive que la temporalidad en el sector privado. Ni siquiera los acuerdos parche entre las grandes centrales sindicales de función pública y los gobiernos han supuesto una relativa mejoría en la problemática y más bien han abundado en ella.
El ya exministro de Política Territorial y Función Pública, Miquel Iceta, inició por la vía de urgencia el enésimo intento de escaqueo por parte de los gobiernos para cerrar en falso una solución para todo el personal interino y temporal. Cerca del verano de este 2021 y sin margen para el debate y autoorganización del personal afectado, inició el trámite parlamentario y volvió a hacer cómplices a las grandes centrales sindicales en un nuevo pacto de la vergüenza, volviendo a intentar reducir el problema de la temporalidad con oposiciones masivas que podrían dejar en la calle a la mayor parte del personal abusado, estabilizando plazas para salvarse a sí mismos y tirando a la papelera a las verdaderas víctimas del abuso.
Este proyecto de ley de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público no recoge lo establecido por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en su sentencia de 19 de marzo de 2020, que determinó que España abusa de los contratos sucesivos al personal interino. Además, tampoco soluciona el problema sino que lo agravará aún más, ya que sanciona a las trabajadoras y trabajadores en abuso de temporalidad con el despido forzoso y con indemnizaciones que supondrían la bancarrota de las administraciones locales y autonómicas. Tampoco aporta soluciones a la temporalidad e ,incluso, promueve la precarización de las plantillas. Pretende resolver, en definitiva, la temporalidad con más temporalidad, penaliza a las y los usuarios de los servicios públicos, por lo que es una amenaza latente para la continuidad de los mismos servicios públicos y ,en definitiva, no contempla ninguna solución al colectivo de personal actual en abuso de temporalidad.
Por todo ello, tuvimos que hacer una huelga el 18 de junio, conscientes del escaso margen que nos dejaban. Estaba en juego la lucha de todos estos años y dimos todo para alzar nuestra voz y la de todo el personal afectado, fomentando la unidad sindical y de plataformas para recopilar fuerzas y parar el golpe. Conseguimos que nuestra voz fuera tenida en cuenta y desde nuestra Confederación Intersindical hablamos largo y tendido con los diferentes grupos parlamentarios en el Congreso de los Diputados. Por primera vez, escuchamos en el hemiciclo propuestas de consolidación, de concurso de méritos, de estabilización, de indemnizaciones por despido. A pesar de que las grandes centrales sindicales nos decían todos estos años que era imposible y que no podía suceder, se están debatiendo enmiendas para estabilizar y proteger el empleo de cientos de miles de personas en abuso de temporalidad.
Podemos vislumbrar el final del castigo de oposiciones continuas sin plazas que merecidamente eran de aquellas personas que han aprobado y demostrado su validez en el puesto de trabajo, solucionando la papeleta a las administraciones. Está más al alcance de la mano acabar con la continua presión por perder el puesto de trabajo, situación amparada por ciertos intereses que ganan mucho con esta precariedad.
Por todo ello y dado que las enmiendas de los grupos parlamentarios al proyecto de ley terminarán a principios de noviembre y saldrá aprobada una nueva ley, hemos decidido movilizarnos junto a un creciente número de organizaciones sindicales y plataformas para mandar un mensaje unificado y contundente convocando huelga general en todo el sector público para el 28 de octubre.
USTEA exigirá:
- Modificaciones normativas que posibiliten la estabilidad y/o consolidación, según proceda, del personal afectado por el abuso de la temporalidad acorde con la normativa europea y con lo establecido por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en su sentencia de 19 de marzo de 2020, que determinó que España abusa de los contratos sucesivos al personal interino.
- Que el proyecto de ley de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público transponga definitivamente la directiva 1999/70/CE al sector público sin desvirtuar el objeto y finalidad de la misma.
- Sanción a los responsables de la situación de abuso de la temporalidad del personal interino y temporal.
- Potenciación y refuerzo de los Servicios Públicos.
Es el momento por el que hemos peleado tanto y tenemos que echar el resto. Tenemos que mandar un mensaje al Congreso para que voten soluciones eficaces y definitivas para todo el personal interino y temporal de las administraciones públicas. Por nuestro futuro laboral y por unos mejores servicios públicos. Es nuestra hora.
