MADRID.- Tras nueve meses de inestabilidad e incertidumbre política por la falta de Gobierno, el ministro de Educación en funciones, Íñigo Méndez Vigo, ha dedicado esta semana a buscar precisamente estabilidad y certidumbre. ¿Cómo? Reuniéndose con diversos agentes de la comunidad educativa para lograr un Pacto Nacional por la Educación “con el máximo consenso posible”. Ardua tarea teniendo en cuenta que la mayoría de sus interlocutores —asociaciones de padres, sindicatos de profesores, colectivos de estudiantes y presidentes de los consejos escolares autonómicos— reclaman la derogación de la ley vigente y la paralización de las reválidas previstas para el próximo mes de junio en 4º de la ESO y 2º de Bachillerato.
Todos los gobiernos (dicen que) quieren alcanzar el consenso en materia educativa y hasta hoy ha habido ciertos acercamientos. “Los Pactos de la Moncloa supusieron una importante expansión de la escuela pública y las subvenciones, la LODE supuso la aceptación de la escuela concertada por un gobierno de izquierdas y la LOE tuvo el apoyo de todo el parlamento menos el PP”, relata a Público el sociólogo de la Educación de la Universidad Complutense de Madrid, Mariano Fernández Enguita.
Leyes al margen, todos los partidos insisten una y otra vez en lo necesario que es un acuerdo de Estado, pero al final todo se queda en palabras. Ángel Gabilondo, ministro de Educación con Zapatero, estuvo muy cerca de lograr el soñado pacto en 2010, pero el PP se bajó del barco en el último momento. “No es que haga falta buena voluntad para llegar a un pacto nacional, es que hace falta mala voluntad para no llegar a un pacto nacional”, resumía el ahora portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea de Madrid.
¿Pero qué es lo que impide que ese deseo que todos los partidos comparten nunca se concrete en nada? Según el pedagogo y filósofo José Antonio Marina, las cuestiones ideológicas son el principal lastre. “Mientras estos problemas no se solucionen y se acaben los resentimientos, seguirá habiendo dos modelos educativos: el neoliberal, de la derecha —que prioriza la excelencia por encima la equidad y defiende la elección de centros por parte de los padres, la gestión privada y la religión en las aulas— y la progresista, de la izquierda —que prioriza la equidad por encima de la excelencia y defiende la gestión pública y la educación laica—”, explica a Público.
De hecho, este tipo de cuestiones fueron las que torpedearon el acuerdo que pretendía Gabilondo. En ese momento, la propuesta del Gobierno socialista sólo se topó con el veto del PP. Ahora, en cambio, la mayoría de partidos de la oposición es contraria a la ley vigente, aunque sea por razones diferentes. “Estamos en una situación simétrica a la del fallido pacto de Gabilondo: entonces éste proponía el pacto y el PP, que esperaba ganar, le dio con la puerta en las narices; y ahora Méndez de Vigo hace gestos, aunque más tímidos, y la izquierda del mundo escolar responde con un corte de mangas”, resume Fernández Enguita.
Rafael Feito, profesor de Sociología de la Universidad Complutense, añade otro obstáculo que, sumado a las diferencias ideológicas, contribuye a torpedear posibles consensos: la concepción de la educación más allá de la ESO. “La izquierda quiere extender el tronco común de la educación a los 16 años y la derecha, no, porque considera que la educación después de la secundaria sólo debe ser para unos pocos y que, por tanto, hay que separar antes entre buenos y malos”, cuenta a Público. De hecho, así es como lo hace Inglaterra y en eso se basó la oposición conservadora a la LOGSE, promulgada por el PSOE. Ahora, la LOMCE obliga a los estudiantes a elegir entre Bachillerato y Formación Profesional de grado medio a los 14 años, dos antes que con la ley anterior.
Diferencias técnicas e ideológicas al margen, hay quien piensa que, en el fondo, los pilares de este ansiado pacto deben estar reflejados en la ley y que, por tanto, no es tan necesario como parece. Para el catedrático de Sociología Universidad Complutense de Madrid, Julio Carabaña, es directamente “una estupidez”. “Lo del pacto suena bien a la opinión pública porque ha calado el falso diagnóstico de que el sistema educativo no es estable. Se piensa que como cambiamos la ley cada dos por tres, un pacto daría estabilidad pero, en realidad, nuestro sistema es estable y los aspectos que reflejaría un supuesto pacto deben estar en la ley”, explica a Público.
¿”Queremos un pacto” o “quiero mi pacto”?
Marina coincide en que el consenso atañe a las Cortes y que “el Pacto Nacional por la Educación en España es el artículo 27 de la Constitución, que sienta las bases del sistema educativo”. Además, propone que no sea el Gobierno quien lidere la elaboración del acuerdo sino el presidente del Congreso porque si lo hace el Ejecutivo, la oposición se posicionará en contra desde el minuto uno: “Cada vez que se dice ‘queremos un pacto’ lo que se está diciendo en realidad es ‘quiero mi pacto’ y eso es una imposición”. En ese sentido, y aprovechando la situación de incertidumbre actual, Fernández Enguita aconseja “tomar conciencia de que la política educativa no puede confiarse a la mayoría de turno: ni absoluta, ni simple ni mucho menos minoritaria pero consentida”. Carabaña es más pesimista y ve el problema en los propios partidos: “En la negociación de un pacto, ningún partido va a desaprovechar la oportunidad de hacer política. Por esta misma razón, hoy seguimos sin Gobierno”.
El hecho de que el ministro Méndez de Vigo haya emprendido esta hazaña estando en funciones también lo complica todo. Feito considera que es difícil negociar “cuando el Gobierno del PP aprueba las reválidas de ESO y Bachillerato y sigue adelante con una ley ampliamente contestada por la comunidad educativa“. De hecho, las comunidades no gobernadas por el PP y los sindicatos UGT y CCOO ya han anunciado recursos contra estas evaluaciones externas. La ley obliga a hacerlas, pero el Gobierno no tiene herramientas para ello porque tiene bloqueado el Consejo Escolar —el pasado mes de mayo se jubilaron a la vez el presidente y la vicepresidenta—. “No tiene sentido que el ministro intente un pacto ahora. O no se entera o no es verdad que quiera pactar”, opina Marina, a quien Méndez de Vigo encargó la elaboración de un libro blanco sobre la profesión docente que también enfrentó a la comunidad educativa.
En este sentido, Fernández Enguita cree que en España se mira la educación “con unas lentes todavía guerracivilistas, como una lucha entre el bien y el mal en la que cualquier medio, incluidos un voto más en la cámara legislativa o la desobediencia a la ley, es válido para lograr que triunfe el bien (que, por supuesto, siempre está en el lado propio)”. Aunque celebra la actitud conciliadora del ministro, le augura pocos resultados: “Es difícil saber qué puede ofrecer Méndez de Vigo en funciones, pero al menos dialoga, que es bastante más que nada. Aun así, es casi imposible un pacto con la incertidumbre actual; llegar a un compromiso nacional por la educación requiere un clima más tranquilo, abierto y dialogante“.
Público ha contactado con el Ministerio de Educación para recabar la posición del ministro, pero no ha obtenido respuesta.
ANNA FLOTATS
Publicado en publico.es el 25.09.2016
