Desde la publicación de la LOMCE, el adoctrinamiento ha adquirido carta de naturaleza en la educación pública. Con ello, esta ley se suma a la tendencia imperante en el resto de las leyes precedentes, que han eludido atenerse al principio constitucional de la confesionalidad del estado español, o bien lo han conculcado claramente, potenciando dicho adoctrinamiento, a cuyos profesionales, puestos a dedo, se les paga con dinero público. Mientras tanto, también en Andalucía, se invoca, para mantener los conciertos con algunos centros privados, el derecho de los padres a elegir una educación con ideario religioso para sus hijos; pero no se respeta el derecho de las familias que quieren que sus hijos e hijas reciban una educación pública sin ideario. Nos referimos a los casos en los que se obliga a las familias a llevar a sus hijos, tras el cierre o la masificación de aulas públicas, a centros privados concertados, con ideario religioso.
Desde la implantación de la LOMCE, la administración educativa andaluza ha intentado contentar a dios y al diablo.
En Primaria, ha dejado en manos de los equipos directivos la implantación del horario de Religión.
En Secundaria, mantiene la oferta, en alternancia con Educación para la Ciudadanía, porque no puede hacer mucho más. Pero, en Bachillerato, donde la oferta de Religión no es obligatoria, mantiene dicha oferta, en competencia con Educación para la Ciudadanía y Cultura Científica.
Por su parte, el colectivo de profesores/as de Religión católica, constituido en grupo de presión ha iniciado un proceso en el que, primero, ha tratado de suscitar la lástima y la simpatía de los colegas aduciendo que la reducción de horario iba a dejar a muchos padres de familia sin trabajo. A continuación, no fiándose de la efectividad de su propio argumento, ha endurecido el tono, que de lastimero ha pasado a amenazante, haciendo saber a la administración que puede acabar ante los tribunales de justicia.
Ante estos comunicados del grupo de presión del profesorado de religión católica- de momento no nos consta presión de grupos de otras religiones-, 
ya contestó a uno de sus representantes que, acompañando a CSIF, estuvo en una mesa sectorial, que también entre los 4502 profesoras y profesores interinos despedidos hace tres cursos había muchos padres y madres de familia. Y, ni entonces ni ahora, hemos escuchado la más mínima declaración de empatía reivindicativa con ellos y ellas por parte de este colectivo. Ellos también eran compañeros suyos. ¿O no?
A este respecto, reitera su postura:
– El adoctrinamiento debe quedar fuera de la enseñanza pública.
– Las creencias religiosas pertenecen al ámbito de lo personal y cualquier actuación formativa en ese ámbito debe ser objeto de tratamiento y financiación fuera de la educación pública.
– La problemática de los 4502 profesoras y profesores despedidos, cuyos puestos de trabajo fueron borrados del mapa educativo andaluz y de los que nunca más se supo, sigue siendo para una prioridad, por encima de cualquiera otra que pudiera producirse en relación al profesorado de religión.
Respecto a la Consejería de Educación, sigue reclamando:
- Que fije con claridad el horario destinado al adoctrinamiento en la Educación Primaria, con carácter general para todos los centros.
- Que elimine en el Bachillerato la oferta de Religión.
- Que trate dignamente la Cultura Científica. Para ello, debe dejar de ofertarla en competencia con la Religión y detraer horas de las dedicadas al adoctrinamiento, tanto religioso como empresarial, el culto al nuevo dios, el de los mercados y sus exigencias tiránicas contra la ciudadanía.
DICE NO A LOS ADOCTRINAMIENTOS EN LA ESCUELA PÚBLICA.
DICE NO A CUALQUIER ADOCTRINAMIENTO, PROVENGA DE LOS DIOSES PATRIARCALES O DEL DIOS DE LOS MERCADOS.
