Manifiesto de USTEA
Desde USTEA estamos viviendo con preocupación e indignación los últimos y reiterados intentos de injerencia por parte de los gobiernos autonómicos del Partido Popular contra la labor docente en nuestros centros educativos públicos. Estos gobiernos, de forma irresponsable y tendenciosa, con poco respeto o conocimiento del funcionamiento real y legal del trabajo educativo se están dedicando a criticar y atacar la exhibición de banderas y pancartas a favor de los derechos humanos y que condenan el genocidio del pueblo palestino en los centros educativos y el resto de edificios de las administraciones públicas. Desde USTEA afirmamos que estas actuaciones vulneran la misión formativa de la escuela y el marco legal vigente.
La Constitución, en su artículo 27, establece que la educación tiene por objeto el pleno desarrollo de la personalidad en el respeto a los derechos y libertades. Las diferentes leyes educativas promovidas en las últimas décadas por gobiernos de diverso color y tendencia ideológica coincidían en recoger como fines de la enseñanza el respeto a los derechos humanos y la formación para la convivencia democrática. La LOMLOE, ley actualmente vigente, incorpora como fines de la educación el respeto a los derechos humanos, la igualdad efectiva entre mujeres y hombres, la cultura de paz, la no violencia, la solidaridad y la participación democrática. Además, en los desarrollos normativos, la LOMLOE pone especial énfasis en la educación para la ciudadanía democrática global y crítica.
Igualmente, en Andalucía, el Decreto 19/2007, de 23 de enero, para la promoción de la cultura de paz y la mejora de la convivencia, obliga a los centros educativos a trabajar la resolución pacífica de los conflictos, el rechazo a la violencia y la solidaridad internacional.
Por tanto, unidades didácticas, situaciones de aprendizaje, murales, exposiciones y jornadas de sensibilización que promueven la paz y los derechos humanos forman parte de la tarea educativa. Pretender censurarlas de manera discrecional, según las afinidades de los gobiernos del Partido Popular, es una injerencia intolerable en la labor docente, la autonomía pedagógica de los centros, la libertad de expresión del alumnado y las leyes educativas. Esos mismos gobiernos tienen la desvergüenza de atacar al conjunto de la comunidad educativa aplicando el principio de transposición, es decir, acusándola de politizar e ideologizar el genocidio del pueblo palestino. Sin embargo, con su acción y su falta de sensibilidad y respeto por los derechos humanos y las leyes, son estos gobiernos quienes politizan y abusan tendenciosamente; con su ideología particular, quienes tienen falta de neutralidad, subvierten las leyes educativas y atacan la libertad de pedagógica y de expresión. Desde USTEA no lo vamos a tolerar. Es deplorable que estos gobiernos cuestionen los grandes consensos internacionales, los derechos humanos más elementales y el derecho internacional en el que se asienta nuestra constitución y nuestras instituciones.
Denunciamos, de forma clara y nítida, que la supuesta “neutralidad” que reclaman las administraciones gobernadas por el Partido Popular en realidad pretende imponer el silencio frente al genocidio palestino y la censura de la educación para la defensa de los derechos humanos. No se han cuestionado símbolos ni campañas para denunciar la guerra de Ucrania o los lazos azules contra el terrorismo, ni las celebraciones por la paz o por el cuidado del medio ambiente en los centros; la doble vara de medir es evidente. Somos testigos una vez más del alineamiento de estos gobiernos autonómicos con los postulados totalitarios de la extrema derecha, el fascismo, el apartheid y la dictadura.
Queremos recordar, además, que la jurisprudencia del Tribunal Supremo, que prohíbe banderas no oficiales en el exterior de edificios públicos, afecta únicamente al uso institucional de los símbolos, no a las actividades pedagógicas que se realizan en los centros educativos con fines didácticos y de convivencia.
Igualmente, queremos mostrar nuestro apoyo a los claustros y equipos directivos de los centros educativos que se están manteniendo firmes en su defensa de la paz y los derechos humanos, ejemplos del compromiso con la educación y la dignidad frente a las presiones ideologizadas y ataques por parte de representantes públicos irresponsables y extremistas. Denunciamos que el sesgo ideológico de la derecha le lleva a actuar de manera tendenciosa en materia de libertad de expresión, no sólo en el ámbito de la educación, sino también en el resto de dependencias de la administración y servicios públicos, donde las campañas, símbolos, pancartas y banderas que coinciden con sus valores ideológicos son permitidos y fomentados. Aquellas cuestiones del agrado de la derecha se consideran neutrales y de sentido común, pero tergiversa, censura y ataca lo que no le gusta o no entiende, cuestiones que son de consenso social como el respeto de los derechos humanos y el cumplimiento del derecho internacional. No podemos permitir que la administración pública pueda ser utilizada parcialmente.
Desde USTEA exigimos:
- Respeto a la autonomía pedagógica y a los órganos de gobierno de los centros educativos y al compromiso con los valores éticos, pedagógicos y democráticos que establecen las leyes educativas.
- Fin de las presiones a equipos directivos, claustros y AMPAS que deciden integrar y desarrollar actividades de sensibilización en sus proyectos educativos.
- Cumplimiento real y efectivo de la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, la Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía y del Decreto 19/2007, de 23 de enero, que obliga a la promoción de la Cultura de Paz en la escuela andaluza.
- Protección frente a la censura política de actividades educativas legítimas y necesarias.
En USTEA seguiremos defendiendo activamente la escuela pública andaluza como espacio de paz, solidaridad y derechos humanos. Manifestamos nuestro compromiso con los derechos del pueblo palestino y exigimos el fin del genocidio, así como el juicio a los responsables de esta masacre por crímenes de guerra y a sus cómplices materiales e ideológicos.
Andalucía, a 8 de octubre de 2025
