El Estatuto de Autonomía para Andalucía, en su artículo 35, establece: “Toda persona tiene derecho a que se respete su orientación sexual y su identidad de género. Los poderes públicos promoverán políticas para garantizar el ejercicio de este derecho”. Así mismo, en 2016 la Junta de Andalucía aprobó su II Plan Estratégico de Igualdad de Género en Educación, que se sustenta en la estructura ya existente desde el Decreto 19/2007 por el que se adoptan medidas para la promoción de la cultura de paz y la mejora de la convivencia en los centros educativos.
Dentro de este marco normativo básico, la Orden 20 de junio de 2011, que regula las medidas de convivencia en los centros docentes, establece específicamente la agresión contra la orientación sexual como un tipo de acoso escolar; y su posterior modificación mediante Orden de 28 de abril de 2015 regula un protocolo sobre identidad de género en el sistema educativo andaluz al objeto de atender adecuadamente al alumnado con una identidad de género diferente al sexo asignado al nacer y al alumnado transexual. En Andalucía existe, por tanto, un cuerpo normativo suficiente para garantizar el libre desarrollo de la personalidad.
Por otro lado, en los últimos años, gracias a la incansable lucha de multitud de personas y organizaciones LGTBI, los avances han sido importantes e irreversibles, tanto en el ámbito legislativo como en la toma de conciencia colectiva: la normalización en numerosos espacios, la denominación registral para personas transexuales, la inclusión en estatutos de autonomía del concepto de no discriminación por motivos de identidad de género, el derecho al matrimonio entre personas del mismo sexo, la adopción por parte de familias homoparentales, la posibilidad de desarrollar una vida en pareja con las mismas oportunidades… Pasos firmes y de carácter definitivo, derechos que quien se atreviese a tocar recibiría sin duda la más contundente respuesta.
Sin embargo, es evidente que el odio y la intolerancia hacia la diversidad sexogenérica, la orientación e identidad sexual y el derecho a la audeterminación de género, siguen existiendo en nuestra sociedad y muy especialmente en los centros educativos. La inmensa mayoría de jóvenes LGTBI de todo el mundo manifiestan haber sufrido acoso, violencia, rechazo y discriminación en sus centros escolares; Andalucía no es una excepción. La realidad es que miles de niñas, niños, adolescentes y jóvenes no pueden construir su identidad en paz ni vivir de forma positiva su desarrollo afectivo-sexual. Tristemente, los datos que ofrece el Ministerio del Interior sobre delitos de odio cometidos contra personas por su orientación o identidad sexual demuestran que tenemos que seguir trabajando intensamente para superar prejuicios, estereotipos y profundas estructuras.
Por justicia y por responsabilidad, como ciudadanas, como ciudadanos y como docentes hemos de recordar que el odio y la represión al colectivo LGTBI no son una obra de ciencia de ficción, sino una dolorosa parte de nuestra historia: decenas de miles de personas fueron encarceladas y condenadas por razón de su identidad u orientación sexual durante el régimen franquista, en muchas ocasiones atribuyéndoles enfermedades mentales cuyas “terapias” eran los trabajos forzados y las descargas eléctricas en penales como la antigua prisión de Huelva, hoy declarado “Lugar de la Memoria Histórica de Andalucía”, el cual permaneció en funcionamiento hasta 1978.
Para que nunca más nadie sufra discriminación ni represión por su forma de sentir, vivir y reconocerse en el mundo, es imprescindible que en los centros educativos andaluces se realicen actividades que visibilicen las diferentes formas de sentirse persona y de vivir la sexualidad, sensibilizando a toda la comunidad educativa, formando en y para el respeto, la solidaridad y el ejercicio de una ciudadanía libre, autónoma y democrática.
Por ello, instamos a la Consejería de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía a que preste su “tutela y apoyo institucional”, tal y como recoge el artículo 5 de la Ley 8/2017 de 28 de diciembre, que garantiza los derechos, la igualdad de trato y no discriminación de las personas LGTBI y sus familiares en Andalucía, a la celebración del 17 de mayo, Día Internacional contra la Homofobia y la Transfobia, demostrando así su inequívoco compromiso con la diversidad, el respeto y la libertad.
Andalucía, 8 de abril de 2019
