En el escrito presentado afirmamos que esa retirada va en contra de diversa normativa estatal y autonómica
Es un severo retroceso para la igualdad, debido a presiones de la ultraderecha, que no pueden pagar las niñas y niños andaluces
En la mañana del 20 de enero, nuestro sindicato, a través de la responsable de nuestro Espacio Feminista, ha registrado una queja en la sede del Defensor del Pueblo Andaluz denunciando las instrucciones emitidas por la Dirección General de Ordenación y Evaluación Educativa de la Consejería de Educación en las que se eliminaban criterios de lenguaje no sexista para la selección de libros de texto en los centros educativos de Andalucía con respecto a otras instrucciones anteriores, de 2018.
Para USTEA, esta situación supone no solo una vulneración de diversas normas de ámbito autonómico y estatal, también supone un retroceso para el desarrollo de la igualdad, porque los libros de texto tienen un gran impacto en las aulas. “Hace ya muchos años que nuestro sistema educativo apostó por un modelo igualitario para chicas y chicos que eliminase la discriminación sexista, por impulsar la coeducación y la educación para la igualdad efectiva entre mujeres y hombres; no puede ser que por las presiones de la ultraderecha el gobierno de la Junta retroceda tantos pasos en esta materia”, señaló ante los medios Lupe Morales, responsable del Espacio Feminista de USTEA en la provincia de Sevilla.
En USTEA consideramos que lo que se presenta como una cuestión técnica y lingüística no es másque la imposición de los postulados de la ultraderecha que, según el sindicato, pretende desandar lo avanzado a lo largo de décadas de lucha feminista y por la igualdad. Afirman que llevarán a cabo todas las actuaciones jurídicas, sindicales y sociales posibles para defender las conquistas alcanzadas por las mujeres y de todas las personas que luchan por una sociedad más libre y más igualitaria.
En el mismo sentido, USTEA propuso una resolución a la Junta de Personal Docente de Centros no Universitarios de Sevilla que fue aprobada en Pleno, con presencia de todas las organizaciones sindicales, el pasado mes de diciembre.
“Esperamos que el Defensor del Pueblo actúe ante nuestra denuncia y promueva la vuelta a las instrucciones de 2018”, indicó para finalizar Lupe Morales.
