El Cuerpo Único Docente es una reivindicación histórica de USTEA y de la confederación de sindicatos de docentes STEs. Consideramos imprescindible eliminar la discriminación entre profesionales cuyas características de acceso a la función pública docente son las mismas y que desempeñan análogas responsabilidades. En este sentido, venimos trabajando desde hace años a todos los niveles, incluido el judicial.
El 15 de mayo de 2015 presentamos una reclamación ante la Consejería de Educación solicitando que se considerara a todo el funcionariado de los cuerpos docentes que prestan servicio en centros educativos dependientes de la Junta de Andalucía, a efectos económicos y administrativos, como funcionariado de carrera perteneciente al grupo A-1.
Si bien el Estatuto Básico del Empleado Público establece una transitoriedad en cuanto a la clasificación de los grupos, desde el curso 2010/2011 se da por finalizada dicha transitoriedad con la generalización de la implantación del título de grado, por lo que solo haría falta voluntad política para atender nuestra propuesta.
Ante la respuesta negativa de la administración andaluza, el 14 abril de 2016 presentamos un recurso contencioso-administrativo, que se encuentra pendiente de sentencia desde julio de 2017.
Como parte de esta línea de trabajo, hemos mantenido una fructífera reunión con la Asociación de Profesorado de Formación Profesional (AP-FP), en la cual hemos podido compartir reivindicaciones convergentes en un mismo punto: hay que acabar ya con la discriminación laboral, salarial y contributiva del profesorado de FP. Este agravio afecta a más de 5.000 docentes de FP en Andalucía, que pertenecen al grupo A-2 pese a tener los mismos requisitos de acceso a la docencia y las mismas funciones en los IES donde trabajan.
La dignificación de la FP como parte integrante del sistema educativo, ha de contemplar de forma inminente el fin de esta situación injusta que, si se mantiene en pie lesionando los derechos de este colectivo, es únicamente por intereses políticos de los diferentes gobiernos.
Andalucía, 20 de noviembre de 2018
