Ante la sexta entrega de los resultados del Programa Internacional para la Evaluación de Estudiantes (PISA), declaramos nuestro más absoluto rechazo a la prueba, a sus versiones nacionales, y a la lógica homogeneizadora de los sistemas educacionales que se impone.
PISA es una prueba estandarizada aplicada cada tres años a estudiantes de 15 años. Su primer aplicación fue en el año 2000, fecha desde la cual se han incorporado más de 70 países. Para poder participar, cada país debe contar con un equipo técnico especializado y pagar por su aplicación. Actualmente la OCDE, que aplica la prueba PISA, ha contratado a una corporación transnacional de la educación, la empresa Pearson, para el desarrollo de su versión 2018.
Por otra parte, los resultados de PISA se han convertido en un importante indicador incorporado a los análisis de competitividad económica de los países.
Desde su primera aplicación, hemos observado diversas anomalías:
- Político-educativa: los Ministerios de Educación tienen un limitado control de esta evaluación, teniendo como efecto una intensificación de la estandarización de procesos y mediciones. Progresivamente, organismos internacionales como la OCDE han impuesto transformaciones en las políticas educativas en el mundo, alineando los procesos educativos a una concepción limitada de progreso. Esta estandarización incluye la instalación o adaptación de las pruebas nacionales a un parámetro global a través de la presión ejercida por los rankings. Por otra parte, la estandarización ha impulsado la fuerte entrada de empresas privadas que han desplazado a los ministerios de educación, a las y los docentes, a sindicatos y escuelas de la conducción de sus proyectos educativos. Además, la formación y perfeccionamiento docente han sido alineados a las evaluaciones estandarizadas. En definitiva, esta lógica reduce los procesos de enseñanza-aprendizaje que apuntan a un desarrollo integral y holístico, enraizado en una consciencia histórico-social crítica.
- Técnica: PISA promueve rankings de países en virtud de los resultados. Esta práctica busca neutralizar las enormes diferencias culturales, cosmovisiones y características lingüísticas propias de cada contexto nacional. Este factor implica que esta prueba no cumple con los más mínimos criterios de validez y confiabilidad.
- Pedagógica: el régimen de pruebas estandarizadas de alto impacto y los procesos que desencadenan han implicado una transformación radical del quehacer de nuestras escuelas. El estrechamiento curricular ha significado la eliminación de asignaturas como artes, música, filosofía e historia. El tiempo escolar se ha reestructurado para dar cabida al entrenamiento para tener éxito en estas pruebas. Cabe señalar que estas mediciones no son sometidas al arbitrio social ni pedagógico. Estas medidas no toman en cuenta los contextos sociales, ni la diversidad de valores y prácticas pedagógicas.
- Social y Psicológica: la medición PISA y sus variantes nacionales discriminan, presionan, y estigmatizan a regiones, países y pueblos en sus comparaciones. El control y la presión por obtener buenos puntajes recae finalmente en las comunidades de maestros y estudiantes, instalando un régimen de alto estrés que está destruyendo el clima escolar y estabilidad emocional de nuestras escuelas. La medición han profundizado prácticas de exclusión y segregación en nuestras escuelas, despojando de su sentido el derecho a la educación.
Por estas razones, demandamos la anulación de los contratos que los diversos gobiernos han firmado con la OCDE. Asimismo, exigimos el término de las pruebas estandarizadas de altas consecuencias a nivel nacional.
También queremos manifestar nuestro compromiso con una educación pública como derecho social, que se inspire en todas sus prácticas con la diversidad social, histórica y cultural de nuestros pueblos.
Defendemos la necesidad de contar con escuelas que sean protagonistas de la transformación de una educación para la justicia social. Queremos denunciar también las acciones represivas que varios estados y autoridades han desencadenado en contra de movimientos sociales, magisteriales y estudiantiles que se han manifestado en contra de las diversas formas de estandarización neoliberal.
Los sistemas de evaluación deben estar enraizados en las comunidades, deben observar la complejidad, y deben promover una educación respetuosa de los derechos humanos y sociales. Sólo de esta manera formamos ciudadanos y ciudadanas en plenitud.
