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Aunque con retraso respecto al resto de Europa, la expansión económica y los cambios sociales que la suelen acompañar llegaron a España antes del final de la dictadura y desde entonces no ha cesado la mejora de los servicios públicos y el sistema de protección social. En el campo educativo, estas mejoras se reflejan, año a año, en los informes de los organismos locales e internacionales. La OCDE, en su informe Panorama de la Educación 2009, constata claros avances así como la persistencia de agujeros negros en el sistema educativo español.
Entre los avances, por primera vez la población adulta entre 25 y 64 años que alcanza un título postobligatorio (FP, bachillerato o universidad) es mayor
(51%) que la que se ha quedado en la enseñanza obligatoria (49%), cuando hace diez años, ésta llegaba al 69%. Estas cifras, no obstante, mantienen a nuestro país lejos de la media de la Unión Europea y la OCDE , concretamente a 18 puntos de ambas medias. Por otro lado, la media de la población con estudios superiores (29%) es incluso superior a la de de países de la OCDE(27%) y la UE(24%), y el porcentaje de alumnos que terminaron el bachillerato (45%) también está ligeramente por encima del 43% de la UE.
En cambio, donde vuelven a aparecer notables diferencias es en los titulados de FP de grado medio, un 39% frente al 51% de la UE, una de las debilidades del sistema español que adquiere mayor notoriedad en medio de una crisis económica que están pagando los trabajadores, especialmente los jóvenes, más aún las mujeres y, sobretodo, las personas con menor cualificación.
Porque el verdadero agujero negro del sistema lo ofrecen las tasas de abandono de los estudios después de la enseñanza obligatoria, sin titulación especializada alguna, que se cifra ya en el 31%.
Aunque las consideraciones más economicistas del problema, consistentes en advertir que hay que preparar a la población para recuperar y mantener el crecimiento económico, también por los beneficios que reporta al Estado la inversión en que un individuo se forme, convengan en señalar la falta de titulados en niveles intermedios como el principal desfase del sistema español, para STES-i se trata también de extender la justicia social en el campo educativo para romper el hecho de que los hijos de las familias con más bajo nivel académico y, por tanto, con niveles de rentas más bajas, ahora castigados con altas tasas de paro, siguen ofreciendo perfiles socioeconómicos similares a los de sus padres.
STES-i reclama que la inversión pública aumente en educación, desde el 4,9% del Producto Interior Bruto actual, hasta los niveles de países como Francia (5,6%) y Finlandia (6,1), y que ésta se destine, fundamentalmente, a recuperar para el sistema educativo a la juventud excluida o mal preparada.
STES-i comparte las tesis de Manuel García Ferrando, catedrático de sociología de la Universidad de Valencia, quién apoyándose en otro estudio de la consultora McKinsey, muy en línea con el referido informe de la OCDE, afirma entre otras cosas que “hay que centrar los mayores esfuerzos financieros en evitar el fracaso escolar en las primeras etapas de la educación básica, pues el hacerlo en etapas más avanzadas no sólo es más costoso sino que también, con demasiada frecuencia, bastante inefectivo. Y para ello nada mejor que contar con un profesorado socialmente respetado y profesionalmente motivado”.
Madrid, 9 de septiembre de 2009
