La Consejería de Educación está afianzando una línea de “no” actuación, consistente en, primero, negar que haya problemas, segundo, esperar a ver si se resuelven solos y con el tiempo y, tercero, emitir un – cómo llamarlo- textículo, esto es, un texto breve y sin rango normativo, en el que elude su responsabilidad política y administrativa, haciendo recaer la toma de ciertas decisiones en el profesorado y las direcciones de los centros.
- Así ocurrió con la decisión de cuántos módulos horarios se dedicarían a la enseñanza de la religión, en los centros de Primaria.
- Así ocurrió cuando se responsabilizó a los equipos directivos de la cuadratura del círculo, con el horario imposible de 25 horas regulares, en los centros de Secundaria.
- Así ha vuelto a ocurrir con la “solución” para las reválidas de Primaria. Eso sí, en esta ocasión al menos no han tenido el cinismo de invocar la “autonomía de los centros” para perpetrar el desaguisado. Pero, rizando el rizo, invocan la “confianza” en el profesorado…
En este último caso, el textículo viene firmado por la señora Viceconsejera, quien, a modo de carta a la persona que dirige el centro, a quien califica de “estimado” y “estimada”, le comunica que las leyes andaluzas, que son tan buenas, permiten integrar la evaluación individualizada del alumnado de tercer curso en el proceso de evaluación continua. De modo que la Consejería, dice la carta, ha decidido no someter al alumnado de este nivel “a ningún tipo de prueba, sino más bien (…) depositar nuestra confianza en los y las profesionales de cada centro”.
No obstante esta declaración de “confianza” – ¿si la depositan ahora es que antes no la tenían?- se hace llegar a estos profesionales, que le merecen tanta consideración, unas “ejemplificaciones de tareas para que, si se estima oportuno, sean utilizadas en el convencimiento de que, sin duda, le facilitarán la evaluación del alumnado”.
A continuación, se explica que dichas tareas se acompañan de las pautas de corrección y que todo ello se deberá traducir en una calificación de adquisición de las competencias básicas, en una escala que comprende tres niveles: “Iniciado, Medio y Avanzado”.
DESDE USTEA LANZAMOS LAS SIGUIENTES PREGUNTAS, MUY PERTINENTES:
- Si se confía en el profesorado, ¿ por qué se da el material, las pautas de corrección y la escala a la que debe ser traducida dicha corrección?.
- ¿Esto no es una prueba de nivel?
- Si lo es, que lo es, ¿por qué se dice que no se hará “ningún tipo de prueba”?
La Viceconsejera se despide, al modo de las cartas del siglo pasado, deseando que todo sea para facilitar la labor del profesorado… lo que no logra disimular el carácter no tan voluntario de la realización de las pruebas. De hecho, afirma estar convencida de que “facilitarán, sin duda,” la tarea del profesorado. Así es que… tonto será quien no se deje ayudar.
No obstante, la señora Viceconsejera no dice qué se hará con esa información y dónde y para qué deberá hacerla constar el profesorado. Si acaso, luego, en una circular interna, como es habitual, se dirá a la inspección educativa qué hacer con los datos. ¿También se les indicará qué hacer con quienes hayan declinado la ayuda de la consejería y no hayan utilizado estos materiales o bien no hayan “estimado oportuno” hacer la prueba?
TANTA RETÓRICA PARA LO MISMO….
Desde USTEA, decimos a la Administración educativa:
Ø Basta ya de eludir responsabilidades, amparándose en la autonomía de los centros o en la “confianza” de las y los docentes.
Ø Basta de creer que el profesorado es fácil de manipular, dando por hecho que no entiende lo que lee.
Ø Basta de actuar en política educativa tarde, mal y nunca, sin directrices claras, escudándose, cuando interesa, en la normativa ministerial.
Desde USTEA, exigimos a la Consejería:
- Que incluya en el proceso de evaluación continua tanto la reválida de 3º como la de 6º de Primaria. En la actualidad, una y otra tienen el mismo carácter y, por tanto, deben tener el mismo tratamiento en el desarrollo del currículo.
- Que sea la evaluación final de ambos cursos la que sirva de referencia para medir la adquisición del nivel de competencias. Por tanto, que no se realice ninguna prueba específica para ello, llámese “tareas”, “ejemplificaciones”, o de cualquier otro modo.
- Que confíe, de una vez por todas, en el trabajo del profesorado y cese en el acoso burocrático y laboral al que lo viene sometiendo, vía Séneca, con indicaciones de todo tipo que, pese a declarar lo contrario, adquieren rango de normas de obligado cumplimiento.
SIEMPRE, Y MUY ESPECIALMENTE DESDE 2012, EL PROFESORADO ANDALUZ HA VENIDO ESTANDO A LA ALTURA DE LAS CIRCUNSTANCIAS. NO PODEMOS DECIR LO MISMO DE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y SUS RESPONSABLES.
