Según algunos medios sevillanos, una concejal del Ayuntamiento no puede participar en una ocupación bancaria en solidaridad con unas familias que, acampadas a las puertas de una sucursal mendigaban una renegociación de su hipoteca para evitar el desahucio, desahucio sí, no “lanzamiento”. Es más, en horda inquisidora piden la dimisión de la concejala y a ser posible un acto de contrición público.
Pero hay un problema. Ellos, los que escriben para los que les pagan, a quienes a su vez pagan esos de los bancos que no se pueden ocupar; ellos, que libran una batalla política, no saben quién es Cristina, nosotros/as sí. “Con ser todo tan patético”, alguno de esos “periodistas” que no saben de dónde viene ni adónde va nuestra compañera, se atreven a poner en entredicho su labor como docente; y de eso mucho sabemos los integrantes de la comunidad educativa sevillana y andaluza. La marea verde, las compañeras de los sindicatos que han apoyado las luchas contra los recortes de la Junta y el gobierno central en los últimos años, las familias del barrio sevillano en el que Cristina ha desarrollado una labor encomiable y, sobre todo, sus alumnos y alumnas, no han tardado un segundo en alzar su voz ante semejantes acusaciones y calumnias en la prensa, y son ya numerosas las cartas al director que se están enviando, que dudamos sean publicadas en esos medios, o los comentarios de apoyo que está recibiendo la compañera en las redes sociales. Porque todos los que conocen a Cristina, sean alumnos o compañeras con las que ha compartido la camiseta verde, han aprendido de ella que ser profesora es mucho más que dar clases de una u otra asignatura. Ser docente es contribuir a preparar a nuestros jóvenes para su pleno desarrollo en el mundo que les ha tocado vivir y es necesario practicarlo con la entrega que se supone a quien elige esta profesión. Como afirma Freire, “la educación no cambia el mundo, pero cambia a las personas que van a cambiar el mundo”. Y Cristina cree firmemente en ello y por eso es, ante todo, Docente.
Es obvio que quizá ciertos voceros del régimen ajenos a las condiciones de vida del barrio en el que Cristina trabajaba antes de ser elegida concejala, en el que fundó el Grupo de Acción Social Diamantino, con un alumnado en demasiados casos sin techo, sin pan y sin futuro, seguramente hubieran preferido a una docente que diese su clase de sociales y después se volviera a casa ignorando el drama de estos alumnos, a los que su profesora, por el contrario, explicaba que la vivienda digna es un derecho esencial recogido en nuestra constitución, cuáles son las leyes que debemos acatar, pero también dónde reside la Justicia y la Lógica y cuáles son los medios de que disponemos para ir en su búsqueda. Y esto es lo mismo que, coherentemente con su profesión y con su responsabilidad, ya como concejala, hizo meses después al apoyar el encierro de las compañeras de PAH Coria en el Santander. Temporalmente no trabaja como docente, pero nos congratula saber que, como en el instituto, seguirá acatando las leyes vigentes, pero ante todo luchará lo indecible por derribar aquellas que supongan un obstáculo en el camino de la Justicia Social. Es demasiado responsable como para omitir su deber. Jamás esconderá su honestidad y responsabilidad bajo las inmaculadas moquetas de las instituciones por donde se pasean los siervos de las minorías privilegiadas. Entendemos perfectamente el nerviosismo de esos pocos.
Cristina es Antígona, desobedeciendo las leyes de Creonte, porque Cristina no es nadie y es todos/as nosotros/as, los/as que precisamente por estar en sistema democrático de derecho no cedemos nuestra soberanía ni nuestra autonomía moral.
El padre del liberalismo, John Locke, que no debería resultar sospechoso para ellos, para los de “el imperio de la ley”, recogió con gran acierto que “cualquier ciudadano que sea oprimido por los gobernantes de un Estado tiene derecho a desobedecer sus mandatos e incluso a rebelarse contra ellos y destituirles”. Según Locke, siempre que alguien –incluidos los príncipes y los magistrados– invada por la fuerza el derecho de los demás, “será culpable del mayor crimen que un hombre es capaz de cometer” y “se pone a sí mismo en un estado de guerra con aquellos contra los que esta fuerza es empleada”. Para Locke los gobernantes que “actúan contrariamente al fin para el que fueron instituidos destruyen la autoridad que el pueblo les dio”. Por tanto, la ley en una democracia no puede ir contra el interés de los ciudadanos y a favor de entidades cada vez más indefinidas que están mermando nuestra soberanía en cuanto son capaces de modificar la legislación de un Estado. Legislaciones dirigidas al interés económico y no a la justicia social.
Cristina Honorato no es una política que ocupó un banco. Es una activista por la justicia social que ocupó una concejalía, espacio reservado para los complacientes y serviles. Estas palabras no pretenden ser una defensa, porque Cristina no la necesita, y porque esa labor la deberían hacer los periodistas que día sí, y día también, están intentando presentarla como alguien violenta e irracional.
La desobediencia civil ante una ley injusta es un derecho y un deber en las sociedades democráticas, únicos espacios en la que tiene sentido, en las que no se puede exigir obediencia ciega a la ley, ni por origen divino, ni por medio de la coerción violenta. Las leyes las elaboran los ciudadanos a través de sus representantes y voluntariamente las acatan, sin que en ningún momento su dimensión política anule la moral.
Criminalizar la desobediencia civil es pervertir la democracia, golpear el clavo que asoma de la tabla un acto a veces eficiente, a veces, no tanto. Porque quizá no se han dado cuenta ustedes que Cristina no es nadie, porque Cristina somos todos/as, los/as desobedientes, y con el martillazo nos han despertado.
