El proyecto de PGE, nueva amenaza para el personal interino y temporal

Que el PIB que el estado español dedica a educación es cada vez menor es un hecho incontestable ante las cifras. Si en el año 2009 se dedicaba el 4,5% a la formación de los futuros ciudadanos y ciudadanas del estado español, para el 2017 esta cifra tan solo alcanza el 3,93%. La cuestión se agrava si nos atenemos a las previsiones que el Ministerio de Hacienda ha enviado a Bruselas con el horizonte del 2020: la inversión en educación desciende hasta el 3,67% del PIB.

Esto muestra claramente que la reducción del gasto público que abandera el Ministro Montoro se está haciendo a costa de sacrificar el futuro de millones de jóvenes. Los recortes en la educación pública se mantienen y, sin embargo, se han incrementado las partidas presupuestarias para la red privada concertada. Según datos del Ministerio de Educación, la enseñanza pública recibió 7.252 millones de euros menos en 2015 que en 2009, mientras que en la concertada el gasto fue de 27 millones de euros más. Desde USTEA, una vez más, denunciamos esta usurpación de un servicio que debe ser destinado a garantizar un derecho constitucional fundamental y que con la educación concertada supone gestión privada de fondos públicos pero sin la debida garantía de lo público.

No es de extrañar: los recortes del número de docentes, la desaparición de programas de apoyo educativo, el empeoramiento de las condiciones laborales del profesorado se sufren en los centros y se ven reflejadas en las cifras del gasto educativo, etc. Además, estas cifras comprometerán la calidad de la enseñanza ahora y en el futuro.

Por otra parte, el proyecto de los PGE para 2017, en su artículo 19.2, determina que el contrato del personal interino no podrá ser superior a tres años. La aprobación de esta medida, que se establece como legislación básica estatal y de obligado cumplimiento para todas las Administraciones Públicas, significará que un mismo empleado público (personal temporal, personal funcionario interino o estatutario temporal) no podrá estar contratado por una misma Administración Pública durante más de tres años.

Esta drástica medida provocará el despido de miles de personas que serán sustituidas por otras, es decir, supone una apuesta decidida de este gobierno por consolidar la rotación en el empleo en todas las Administraciones Públicas y precarizar la situación de miles de personas. Además, supone un ataque inaceptable al sector público en general y a la enseñanza pública en particular, que deberá funcionar con plantillas más inestables si cabe y que deberá descartar a las personas cuando cumplan tres años de contrato. Esto conllevará un empeoramiento y deterioro inadmisible de la calidad de la enseñanza al prescindir de las personas con más experiencia e invalidará y dejará en “papel mojado” todos los acuerdos o pactos de profesorado interino actualmente en vigor. Teniendo en cuenta las cifras de interinidad sólo en el ámbito docente en Andalucía nos encontraríamos que serían más de 17.000 los docentes que se verían en la calle en menos de 3 años.

Datos para el curso 2016

Desde USTEA queremos denunciar estos presupuestos por insolidarios con la formación de las futuras generaciones y la superación de la crisis que nuevamente viene a recaer en los más débiles. Unos presupuestos que, por enésima vez, hacen oídos sordos a los requerimientos del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre lo ilegal e injusto de encadenar contratos temporales durante más de tres años en plazas públicas. El artículo 19.2 supone un ERE masivo en el sector público, ERE auspiciado por el Acuerdo por la estabilidad en el empleo público que el ministerio de Hacienda firmó el 29 de marzo de 2017 con determinadas (UGT, CCOO, CSIF) que, lejos de resultar estabilidad alguna, supone precarizar con fecha de caducidad a cientos de miles de trabajadores y trabajadoras públicos.

USTEA rechaza firmemente estos presupuestos y no cejará en el desarrollo de las medidas que considere pertinentes hasta lograr una salida justa.