Isabel Celaá, en su primera intervención pública como portavoz del Gobierno y ministra de Educación y Formación Profesional, ha asegurado que la educación privada subvencionada no tiene nada que temer: “No hay nada que temer, conocemos el valor de la red concertada y la respetamos”. También ha señalado con satisfacción que durante su etapa como Consejera de Educación, Universidades e Investigación del Gobierno vasco (2009-2012), supo entenderse perfectamente con la red concertada; pues enhorabuena, señora ministra. Ese magnífico entendimiento igual tiene algo que ver con el hecho de que la vasca sea la única comunidad autónoma donde el porcentaje de alumnado escolarizado en centros concertados supera al que lo hace en centros públicos. Todo lo contrario que en Finlandia, por ejemplo, donde el 99% de los centros educativos son públicos.
Así mismo, ha realizado la nueva ministra una abierta alabanza de la doble red -esa anomalía del sistema educativo español-, al subrayar que la pública es garantía de “gratuidad y universalidad” mientras que la concertada “con lealtad también imparte educación, además de calidad”.
Toda una declaración de intenciones, frente a la cual recordamos que USTEA defiende una red única de centros públicos. Porque la educación no puede ser un negocio: en el estado español, el porcentaje de dinero público destinado directamente a la educación privada duplica al del conjunto de la UE. Esta política de escolarización segrega al alumnado en origen y polariza la sociedad, en detrimento de la igualdad. Además de transformar el derecho a la educación en una oportunidad de negocio, la doble red empeora la calidad de todo el sistema educativo al alimentar un círculo vicioso que fomenta las desigualdades sociales. Por otra parte, el mantenimiento de los millonarios conciertos educativos provoca el cierre de numerosas unidades públicas, con la consiguiente pérdida de puestos de trabajo en los centros públicos.
Señora ministra, sepa usted que en el estreno de su nuevo cargo hubiésemos agradecido unas palabras -lo de los hechos ya es harina de otro costal- donde mostrase preocupación con la situación de las y los docentes que día a día construimos y mantenemos en pie la educación pública, con el sostenido deterioro de nuestras condiciones laborales y profesionales, y más en concreto con el profesorado interino y la permanente amenaza de inestabilidad a la que se encuentra sometido.
Andalucía, 11 de junio de 2018.
