El sindicato USTEA exige a la administración autonómica una normativa clara para diseñar una distribución de recursos adecuada a las necesidades del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo. Asimismo, demanda la adopción de las medidas oportunas para atender a los centros de enseñanza asignándoles las y los profesionales que requieren.
La organización sindical señala que en la provincia se están produciendo multitud de situaciones en las que el personal es insuficiente, con el perjuicio que ello provoca tanto para un alumnado que no recibe la atención necesaria como para las y los profesionales que se enfrentan a una situación que desborda sus funciones. A pesar de que tanto este colectivo como las asociaciones de madres y padres y las familias afectadas coinciden en que dicha respuesta pasa necesariamente por una ratio equilibrada entre el personal disponible y el alumnado, la administración educativa justifica la infradotación existente escudándose en la falta de presupuestos y en que no existe una normativa que concrete cómo asignar dichos recursos personales, más allá de los principios generales enunciados en el artículo 21.10 del Estatuto de Autonomía, la Ley 9/1999 de 18 de noviembre de Solidaridad en la Educación o el Decreto 147/2002 de 14 de mayo por el que se establece la ordenación de la atención educativa al alumnado con necesidades educativas específicas.
En efecto, en los últimos cuatro años la inversión media para el apoyo a cada alumno o alumna con este perfil se ha reducido un 18% y solo titula el 34,72% al finalizar la ESO, según el último informe de la Cámara de Cuentas en la materia. Mientras el presupuesto ha aumentado solo el 14,56%, el volumen de alumnado que demanda esos servicios ha crecido en una proporción considerablemente mayor, un 39,36%. Por ejemplo, si la dotación destinada por alumna/o en 2012 era 4.576 euros, en 2016 quedaba reducida a 3.745 solamente. No obstante, el diagnóstico elaborado por la Cámara se ha visto limitado por la insuficiencia de información proporcionada por la Junta de Andalucía, ya que esta última no ha facilitado datos contrastables sobre el nivel de abandono escolar de este tipo de alumnado, ni tampoco sobre las solicitudes de atención que quedan sin cubrir. Sí lo ha hecho sobre el porcentaje que obtiene la titulación en Cuarto curso de la ESO, un 70%, pero el dato no refleja el éxito o fracaso global de estos grupos, dado que, de todo el alumnado con necesidades específicas que se matricula en Primero, solo una pequeña parte llega al citado último curso (el resto se incorpora a la Formación Profesional Básica, repite o simplemente abandona, aspectos sobre los que la CEJA no aporta información). Así las cosas, las y los escolares con estas características se van concentrando progresivamente en los mismos centros, aquellos con los (limitados) recursos disponibles, al efecto de optimizarlos; lo cual, sin embargo, no responde a una distribución equilibrada, que sería lo deseable.
Todos los cuerpos de profesionales involucrados en el apoyo al alumnado con necesidades específicas comparten la saturación de funciones que se deriva de su insuficiente número, si bien cada uno la vive con sus propios matices. El profesorado de Pedagogía Terapéutica se enfrenta a censos de alumnado inasumibles y ratios por encima de lo establecido en las aulas específicas, en tanto que el de Audición y Lenguaje experimenta la problemática derivada de tener que compartir centros, al igual que le ocurre al Profesorado Técnico de Inserción Social. Por su parte, los Equipos de Orientación Externa, con el obstáculo añadido de la burocratización creciente, se ven obligados a atender un elevado número de colegios e institutos (incluidos últimamente los privados subvencionados), y apenas tiene tiempo de valorar al alumnado en la detección de casos de altas capacidades o de preparar los tránsitos de las etapas Infantil y Primaria, no está en mejor situación tampoco el profesorado de Orientación de los propios centros, que se encuentran también con unas ratios excesivas. En lo que concierne a los Centros de Formación Permanente y Escuelas Oficiales de Idiomas, ambos quedan en la práctica al margen de la atención a la diversidad.
La situación es especialmente difícil en centros de Sevilla como el CEIP Maestro José Fuentes, con una sola persona de Audición y Lenguaje y más de 40 escolares en censo que necesitan el recurso; o el IES Chaves Nogales, con grupos ESO de 30 entre los cuales puede haber hasta 4 con necesidades especiales, más repetidores y otros con dificultades pero sin el diagnóstico necesario; o el CEIP Federico García Lorca, con solo una persona a tiempo parcial de la especialidad de Audición y Lenguaje para un centro con aula específica de autismo y un total de 23 alumnos con la necesidad de este recursos, muchos en en Infantil. También el CEIP El Manantial, en Sevilla, sufre estas carencias, con un solo profesional Técnico de Inserción Social para un aula de autismo que supera la ratio legal y cinco alumnos escolarizados con modalidad B.
