Resolución aprobada por el Pleno federal de USTEA – 10 de junio de 2021
Las recientes noticias sobre la situación judicial de Juana Rivas Gómez nos han llevado a la reflexión acerca de nuestro sistema judicial y a la denuncia pública de lo que consideramos una justicia patriarcal, inaceptable en cuanto se refiere a las mujeres en situación de maltrato y violencia machista; y que por desgracia repercute, además, como se puede ver claramente en el caso de Juana, en el bienestar de las hijas e hijos.
El Tribunal Supremo ha condenado finalmente a Juana Rivas Gómez a dos años y seis meses de prisión e inhabilitación para ejercer la patria potestad sobre sus hijos Gabriel y Daniel durante cinco años, tras una primera condena a cinco años de cárcel.
Juana Rivas Gómez huyó en 2016 con sus dos hijos de Italia, donde tenían fijada su residencia habitual, para escapar de los malos tratos que sufría por parte de su ex pareja y padre de sus hijos, Francesco Arcuri. Bajo nuestro punto de vista, el único delito que ha cometido Juana Rivas Gómez ha sido intentar protegerse y proteger a sus hijos de un agresor. Esta sentencia condena también a Gabriel y Daniel, al impedirles alcanzar el deseo expresado reiteradamente en los tribunales Italianos de poder vivir con su madre en España.
El principal problema es este caso tan mediático es que Juana Rivas se “encuentra entre dos sistemas judiciales: el de España y el de Italia”, según afirman las asociaciones. La falta de coordinación entre ambos países ha hecho que las denuncias interpuestas en Granada ni siquiera se hayan traducido para ser enviadas a Italia. Este factor, que puede parecer insignificante para muchos, es el obstáculo que impide que Juana Rivas sea considerada como víctima de violencia de género.
El caso de Juana Rivas Gómez es sólo la punta del iceberg de lo que está sucediendo en la justicia española. En relación con las mujeres que sufren maltrato, se aúna la lentitud del sistema judicial con el proceder de las y los jueces que decantan la balanza de la justicia de tal forma que se perpetúa y legitima un sistema judicial patriarcal. En los conflictos en los que las mujeres se ven en situaciones de vulnerabilidad y maltrato, a pesar de la legislación vigente y del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, la justicia permite que sigan estando desprotegidas, viéndose, en muchos casos, obligadas a convivir con sus maltratadores, pues muchas de ellas son amenazadas y obligadas a retirar denuncias, al tiempo que no se verifica el cumplimiento de las órdenes de alejamiento, y estas circunstancias en muchas ocasiones desembocan en su muerte a manos de sus agresores. En un mes negro (mes de mayo de 2021) con el deceso de 8 mujeres asesinadas por violencia machista, del total de 15 víctimas que han muerto este año. Está claro que algo está fallando, pero las administraciones no se detienen a analizar las causas de sus errores.
Los procesos judiciales marginan y maltratan también a las mujeres cuando se dan casos como el de la filtración de un vídeo en que el juez Fco. Javier Martínez Derqui, titular del juzgado de violencia sobre la mujer número 7 de Madrid, vejaba y se burlaba ante toda la sala, de la mujer que presuntamente sufrió maltrato por parte de su ex pareja, con el beneplácito y mofas de la fiscal y la letrada, tras la vista por la denuncia de esta mujer a su presunto agresor. Este tipo de comportamiento, inaceptable por parte de un juez y de las letradas de la sala, pone el acento sobre la actitud de la justicia ante las agresiones machistas.
Otra cuestión que pone de manifiesto este tipo de injusticias son las dificultades a las que se ven sometidas las personas que denuncian una agresión sexual. Por ejemplo, el acento de las recomendaciones para prevenir agresiones sexuales se pone en la mujer, culpabilizándola, en vez de condenar las actitudes del agresor o agresores; en estos casos algunas personas tienen que convivir con sus agresores y sin órdenes de alejamiento por no estar catalogada la agresión sexual como violencia machista. Todas estas cuestiones se traducen en sentencias machistas, como la de Juana Rivas Gómez, la de la manada” (totalmente insuficiente) y tantas otras que por desgracia se siguen produciendo en nuestro país con el beneplácito del sistema judicial, en consonancia con toda una serie de estereotipos sociales, perpetuándolos y normalizándolos.
Desde USTEA expresamos nuestro rechazo a todas las sentencias que perpetúan los estereotipos patriarcales y mantenemos nuestro compromiso en la lucha por una justicia que realmente fomente un punto de vista feminista acorde con nuestra identidad sindical.
Asimismo reclamamos que ningún menor esté en manos de su agresor, pedimos el inmediato indulto para Juana Rivas, y que le sea restituida la patria potestad de sus hijos Gabriel y Daniel.
