La primera conclusión, muy relevante para el sindicato USTEA, es que todos los partidos políticos consideran factible nuestra propuesta histórica del Acceso diferenciado mediante concurso de méritos. Esta posibilidad legal, contemplada en el artículo 61.6 del EBEP para situaciones excepcionales, ha sido demandada largo tiempo desde nuestra confederación. La Directiva europea de 1999 establece la equiparación de fijos y temporales y reconoce el derecho a la estabilización de estos últimos; diferentes sentencias europeas han dejado claro que la administración española comete desde hace años fraude de ley por abuso de la temporalidad (sobre la que el mismo PP reconoce que se sitúa cerca del 30% en la administración española, superando así al sector privado). Durante largo tiempo se ha negado por parte de otras organizaciones sindicales y partidos políticos la viabilidad legal de esta fórmula –pese a estar recogida en ley desde 2007-, estableciéndose en su lugar procesos de selección que pretendían compensar el abuso de ley de la temporalidad, sin garantía alguna de acceso para el personal afectado.
Bien es cierto que las propuestas van desde un acceso por méritos muy restringido (10 años ocupando una plaza de modo temporal, proponen PSOE, Cs y Compromís) a versiones menos restrictivas como las de UP (5 años concatenando contratos de modo no necesariamente continuo, lo que permitiría incluir al sector de educación) o las de los grupos catalanes y vascos (3 años). Llama la atención que hasta el mismo PP se haya apuntado al carro proponiendo el concurso por méritos para quienes aprobaron las oposiciones sin plaza (enmienda 94). En general, estas propuestas solicitan que lo prioritario en la valoración de méritos sea el tiempo de servicio
En cualquier caso, todos reconocen que se trata de una situación excepcional que requiere un acceso diferenciado mediante concurso de méritos. Nuestra propuesta histórica comienza a abrirse paso, propiciando un nuevo escenario de futuro para la estabilización y acabando con falsas interpretaciones.
Sobre la fijeza automática y la eventual categoría de fijo a extinguir, son rechazadas u obviadas por PSOE y PP, por lo que de momento parece difícil su implantación. Ambos partidos insisten en que “el TJUE comparte la postura, defendida por España, de que no cabe en nuestra Administración la transformación automática de una relación de servicio temporal en una relación de servicio permanente” (Preámbulo, cap I). Muchos partidos señalan, con evidente razón, que el TJUE no ha dicho nunca esto. Se trata de una falsa e interesada premisa con la que el PSOE ha creado un Real Decreto que se aproxima más a soluciones del pasado (corregir el fraude mediante oposiciones), que a reparar el fraude cometido sobre el personal temporal reconociéndole derechos específicos. El PP, por cierto, en su exposición de motivos culpa cínicamente del aumento de la interinidad y del consiguiente abuso de la temporalidad a las escasas y magras convocatorias que se sucedieron en la década pasada, obviando que fue este partido el que impuso esa situación en los decretos de 2012.
PSOE y PP coinciden también en que la estabilización de plazas se realice cuando éstas lleven 3 años ocupadas temporalmente, pero admiten un cuarto año de ocupación temporal mientras se realiza el proceso de selección. Como ha dicho alguien, esto es una nueva modalidad de fraude y un mal hábito que señala a quienes son los principales responsables de que en este país se solucione el problema de la provisionalidad con más provisionalidad. PSOE y PP coinciden también en que la nueva ley no debe afectar a los procesos selectivos que vienen de convocatorias anteriores, salvaguardando las llamadas “oposiciones masivas” de la era Rajoy, que están muy lejos de cumplir el objetivo de lograr una tasa de interinidad del 8%, antes al contrario, esta tasa ha aumentado durante este ciclo del 23 al 27´7% en educación. Por otra parte, estos dos partidos cuantifican las indemnizaciones (por abuso o por no pasar el proceso selectivo) por debajo del derecho laboral, lo que es denunciado por el resto de partidos que piden que estas llamadas “compensaciones” se equiparen al despido improcedente. Muchas de estas indemnizaciones, por cierto, se podrían evitar implantando el concurso de méritos. Por último, no podemos considerar sino como muy lamentable que tanto el PSOE como el PP y UP se declaren en contra de un incremento presupuestario en educación.
En lo que se observa bastante coincidencia es en aceptar que cuando se trate de concurso-oposición la baremación deberá ser de 40%/60% respectivamente, con fuerte peso de la experiencia en la fase de concurso. También es favorable la relación de votos para que se establezcan las pruebas no eliminatorias. El consenso sobre el art 2.4 (que los procesos se negocien y articulen en las comunidades) es mayoritario, lo que implica una fase autonómica de negociación que podría arrojar resultados desiguales en las comunidades y presagia futuras movilizaciones territoriales.
Todo esto es así, evidentemente, a expensas de las votaciones de las enmiendas y posibles negociaciones de última hora.
El Proyecto de ley se está tramitando por la vía de urgencia. Según informa la web del Congreso de los y las diputadas, el así llamado Proyecto de Ley de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público está en estos momentos en fase informativa en el Ministerio de Hacienda y Función Pública. En los próximos días, se debatirá y votará en el parlamento estatal.
Por una vía de acceso diferenciado que repare el abuso de temporalidad sobre el profesorado interino y el conjunto de trabajadoras y trabajadores de la administración. No más fraude de ley con las interinidades. El profesorado interino no es de usar y tirar.
Por todo ello, USTEA y la Confederación Intersindical convocan huelga y movilizaciones para el día 28 de octubre en todo el Estado.
Os dejamos a continuación una tabla que resume esquemáticamente las enmiendas presentadas por los diferentes grupos parlamentarios.
enmiendas-partidos-1
