USTEA viene constatando cómo las libertades básicas se ven violadas de manera sistemática por el discurso de odio de la extrema derecha que parece estar calando en el sistema judicial de nuestro país.
Desde el Espacio Feminista de USTEA nos hemos referido en varias ocasiones a un sistema judicial que dicta sentencias con un claro sesgo patriarcal. Es un hecho que una gran mayoría de jueces pertenecen a asociaciones de carácter conservador, mientras son minoritarias las asociaciones de jueces progresistas.
Por otra parte, España está siendo cuestionada desde distintos ámbitos por una serie de sentencias ligadas a la libertad de expresión. Según Amnistía Internacional,
Si unimos la Ley Mordaza a un sistema judicial patriarcal y a la acción de abogados de extrema derecha como “Abogados cristianos”, nos encontramos con una serie de casos muy preocupantes:
- Pamela Palenciano, conocida activista y monologuista, recibe una querella interpuesta por un bufete de abogados de Madrid por “trato degradante” a los hombres, y es admitida a trámite por un juzgado madrileño.
- Por otra parte, la Audiencia Provincial de Málaga ratificó el pasado mes de junio la condena al pago de una multa de 2.700 euros por un delito contra los sentimientos religiosos a Elisa M., una de las organizadoras de la denominada “Gran Procesión del Santo Chumino Rebelde” celebrada en la capital malagueña en marzo de 2013, convocada por la “Hermandad del Coño Insumiso” con motivo de los actos del 8-M. Se les acusaba de provocar el odio y la violencia.
- Este verano, VOX intentó que se suspendiera un concierto de la cantante Zahara, llegando a censurar un ayuntamiento el cartel, lo que provocó una avalancha de apoyos en las redes sociales por parte de otros artistas. Un nuevo ataque a la libertad de expresión.
Ahora aparece la siguiente noticia:
- La Fiscalía de Sevilla pide un año y medio de cárcel para cada uno de los nueve jóvenes identificados por la Policía Nacional el 29 de marzo de 2017 en Sevilla quienes, junto a otras muchas personas, trataron de impedir la circulación del autobús del grupo ultracatólico HazteOir por la capital hispalense. Se les acusa a cada uno de un delito de desórdenes públicos y otro de daños por los desperfectos ocasionados al vehículo. El primer delito es el que conllevaría la pena de prisión. HazteOir, cabe recordarlo, estaba entonces en una campaña que promovía el odio contra colectivos feministas y LGTBI.
El abogado de las personas acusadas argumenta que la Fiscalía “obvia el contexto en que se desarrollan los hechos, es decir, no contempla el derecho legítimo para protestar contra actos que vulneran los más básicos derechos humanos. Por esa misma razón, los hechos nunca pueden ser calificados como un delito de desórdenes públicos ni de daños ya que, como afirma la propia jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, al penalizar estas conductas se desincentiva desde el propio Estado el ejercicio del derecho fundamental a la libertad de expresión”.
Desde el Espacio Feminista de USTEA mostramos nuestra repulsa a todas estas formas de limitar la libertad de expresión en casos donde el trasfondo es la defensa de derechos humanos básicos frente a distintas formas de violencia patriarcal y machista y frente a una Ley Mordaza cuya derogación es cada vez más urgente.
Por otra parte queremos poner de manifiesto, y hacer denuncia pública de las situaciones de odio implícito contra los colectivos LGTBI y feministas, situaciones que se obvian a la hora de analizar los contextos, tanto en casos de admisión de denuncias, como de petición de condenas y de sentencias.
Desde USTEA nos gustaría manifestar que este escenario judicial puede propiciar un caldo de cultivo que favorezca las expresiones de odio de grupos de extrema derecha que agreden y en ocasiones asesinan a otras personas por su orientación sexual.