Comienza en estos días la negociación del II PLAN ANDALUZ DE FORMACIÓN PROFESIONAL, en él se diseñan las líneas estratégicas del desarrollo formativo laboral de los próximos años. Tradicionalmente, un importante montante económico de este Plan ha recaído en las acciones formativas desarrolladas por la FUNDACIÓN TRIPARTITA (antiguo FORCEM) y son puestas en marcha por algunos sindicatos y la patronal.
No es poca la cantidad que se maneja: según datos del Gobierno Andaluz en 2010, la inversión para la formación continua y ocupacional será de 260 millones de euros, en su mayor parte gestionados por esta fundación.
Sin embargo, es en la enseñanza pública, con unos recursos limitados, donde se está formando a la mayor parte de los futuros trabajadores con estándares de calidad e inserción laboral muy significativos.
Por otro lado, la actual Ley Orgánica de Cualificaciones y de la Formación Profesional, determina como una de sus líneas generales: integrar las tres modalidades de FP: formación reglada, continua y ocupacional, y de hecho ya los centros integrados (la mitad no son de educación) y algunos privados completan su oferta modular, con cursos de formación continua u ocupacional, y se pretende que los centros públicos puedan hacerlo en un futuro.
Por eso USTEA exige que el nuevo PLAN ANDALUZ DEL FORMACIÓN PROFESIONAL destine parte de los fondos estructurales del mismo para mejorar la oferta educativa de los centros públicos de Formación Profesional. Esta medida, supondría un aumento necesario de los recursos materiales y personales, así como una mejora de la red pública de centros con más ciclos y oportunidades formativas.
