Los anuncios realizados durante el mes de abril por el ministro de Política Territorial y Función Pública, Miquel Iceta, sobre la reforma del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP) establecen la obligatoriedad de las Administraciones Públicas de cubrir, en un plazo máximo de tres años, las plazas ocupadas por personas sin contrato fijo, y que aquellas plazas que no se ocupen se amorticen como sanción al abuso
Esta medida es la antesala de la externalización de la función pública y en ningún caso supone ninguna sanción a las Administraciones, que han abusado durante años de las trabajadoras y trabajadores en abuso de temporalidad, puesto que no se adopta medida resarcitoria para las víctimas.
Defender lo público no se puede basar en la precarización de su personal en la que las temporales (por la feminización de los servicios públicos), que cubren puestos estructurales, alcanzan tasas de temporalidad por encima del anhelado 8%.
Los aplausos y el reconocimiento institucional a todas y a todos los servidores públicos durante la pandemia COVID-19, no resuenan, sino que se convierten en una traición cuando se confunden de manera intencionada los procesos de acceso a la función pública con la obligación de establecer sanciones al abuso de temporalidad impuesta por la pertenencia a la Unión Europea.
No se pueden obviar los principios de supremacía y efecto directo en la aplicación de una directiva ya publicada hace más de 20 años, la Directiva 1999/70 sobre trabajo de duración determinada.
El Gobierno presentó a la Comisión Europea el 30/04/2021 un plan de reformas que sigue la línea continuista de Montoro junto con los sindicatos CCOO, UGT y CSIF, en el que siguen adelante con los procesos de “desestabilización”, ampliándose las convocatorias de las OPEs de estabilización -existentes y las nuevas- antes de 31/12/2021.
La novedad que introduce es una reforma del Estatuto del personal sanitario para que el sistema selectivo de los profesionales sanitarios pase a ser para siempre el concurso de méritos.
Desde la Confederación Intersindical defendemos la no discriminación dentro del personal público y vemos con buenos ojos el establecimiento de un concurso de méritos para reincorporan a la Función Pública a todas la trabajadoras y trabajadores cesados durante años de servicio.
Sin embargo, la posición sindical que mantenemos es la fijeza como sanción al abuso, entendida como conseguir estabilidad laboral para todo el personal público en situación de abuso de temporalidad, acabar con el despido gratuito.
Es decir, el personal que ejerce en abuso debe ser inmediatamente estabilizado y el concurso de méritos planteado de manera sectorial, debería extenderse a toda la Función Pública y serviría para hacer justicia con las trabajadoras y trabajadores cesados reincorporándoles al servicio público.
