El sindicato exige del Gobierno el cierre de los centros de producción no esenciales y el establecimiento de medidas de protección a las personas vulnerables y a las trabajadoras y trabajadores afectados por las regulaciones de trabajo.
La Confederación Intersindical considera que los efectos de esta nueva crisis no la tienen que pagar las trabajadoras y trabajadores ni los sectores más desfavorecidos, por lo que exigimos medidas inmediatas y reales para evitarlo.
La declaración del estado de alarma tiene como finalidad, tal y como expresa el propio Real Decreto, afrontar la situación de emergencia sanitaria provocada por el coronavirus. Ahora bien, cuando hablamos de emergencia sanitaria, hemos de tener claro que nos estamos refiriendo a una dimensión concreta: la salud de las personas considerada tanto desde una perspectiva individual como colectiva; y que la otra dimensión, completamente diferente, es la originada por las consecuencias económicas y sociales que se puedan derivar de la propia crisis sanitaria o de las medidas de contención de la misma.
Por tanto, la primera cuestión a plantearse es ¿qué dimensión tiene prioridad?, en segundo lugar, hay que preguntarse ¿hasta qué punto esta priorización es compatible o tolerable con la aparición de efectos negativos, directos o indirectos, derivados de la misma?. Contestar a la primera pregunta es fácil: la salud y la vida están por delante de cualquier otra consideración. Contestar a la segunda es más complicado: prioricemos la salud, minimizando los efectos negativos en el ámbito social y económico.
Después de la lectura del Real Decreto parece que esta priorización no está tan clara, porque se hacen patentes algunas contradicciones que nos hacen cuestionarnos cuáles son las verdaderas prioridades del Gobierno.
En primer lugar, y desde un punto de vista sanitario, si tenemos en cuenta que la primera medida a adoptar con tal de evitar la propagación de una epidemia es el aislamiento de los casos de contagio y la cuarentena de quienes han estado en contacto con los mismo o, llegado el caso, de determinados territorios (como ya han hecho en otros países), parece que las medidas de limitación de la libertad de circulación de las personas llegan tarde y son insuficientes para evitar la expansión del coronavirus en el territorio estatal.
En segundo lugar, también desde un punto de vista sanitario, entendemos que las limitaciones de la movilidad acordadas en el decreto de estado de alarma, básicamente referidas al desplazamiento de carácter personal relacionadas con el espacio o con el suministro de productos no esenciales, pero que no limitan los desplazamientos por razón de trabajo, ni ordenan el cierre de los centros de producción de bienes y servicios no esenciales; van encaminadas, no a evitar el contagio de la población, sino a que este se produzca de la forma más escalonada posible.
Denunciamos que esta política deja con igual “protección” a personas fuera de los grupos de riesgo, con sistemas inmunes en rasgos de eficacia normales, que a las personas por su edad o patología están incluidas en los grupos de riesgo ante la enfermedad
Estas dos evidencias cuestionan que por parte del Gobierno haya una intención clara de tomar medidas contundentes para evitar el progreso de la epidemia y para proteger, por encima de cualquier otra consideración, la salud de toda la población, con especial cuidado de la más vulnerable. Se hace mucho énfasis en el compromiso y la responsabilidad individual en la contención de los contagios, en descargar sobre la ciudadanía el peso de la lucha contra la epidemia, pero poco en la responsabilidad colectiva de los poderes públicos.
Por otra parte, y ya en el terreno de las consecuencias sociales y económicas de la crisis sanitaria, todo apunta a que la prioridad del Gobierno es garantizar la sostenibilidad del sistema de producción y medidas de soporte económico a la actividad empresarial, de mantenimiento de la fuerza de trabajo o, de ser necesario, de la flexibilización del despido, está previsto que en el Consejo de Ministros de mañana se apruebe una nueva redacción del ERTE que incluya como causa justificada la caída de facturación en relación con crisis como la del COVID-19. Mientras que, en contrapartida, no vemos ninguna medida especial de corte social que ayude a los colectivos más vulnerables o a las trabajadoras y trabajadores afectados por el cierre del comercio minorista o de quienes resulten afectados por expedientes de regulación de empleo, sea temporal o definitiva.
A la vista de estos argumentos, desde la Confederación Intersindical consideramos que el Gobierno habría de centrarse en la protección de la salud de las personas, en especial de las más vulnerables, y en reequilibrar los efectos sociales negativos derivados de la crisis sanitaria. Es por eso que exigimos del Gobierno que establezca toda una batería de medidas de ayuda a los colectivos más vulnerables y a las trabajadoras y trabajadores afectados por las medidas de ajuste, respetando, en todo momento, sus derechos laborales.
Finalmente, desde la Confederación Intersindical hacemos un llamamiento a las trabajadoras y trabajadores a que estén vigilantes para evitar situaciones que vulneren su derecho a la salud y a la seguridad laboral y sus derechos laborales, por lo cual recomendamos que estén en contacto con las personas delegadas de prevención y sus representantes sindicales para garantizarlo.
Secretariado de la Confederación Intersindical
16 de marzo de 2020
