ELMUNDO 7-03-2016. TERESA LÓPEZ PAVÓN | Sevilla
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El Ejecutivo de Susana Díaz denuncia unos ajustes que aplica.
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Los recortes de la Junta son superiores a los del Gobierno en muchos casos
El Tribunal Constitucional ha rechazado en su práctica totalidad el recurso de la Junta de Andalucía contra el decreto de recortes educativos del Gobierno de Rajoy, tras considerar que no invade competencias de la administración autonómica como sostenía el ejecutivo andaluz.
El Constitucional zanja así una batalla legal que le ha permitido a la Consejería de Educación mantener políticamente una postura oficial de resistencia frente a los severos ajustes impuestos por el Gobierno durante la crisis. Pero, más allá del conflicto jurisdiccional, la realidad es que la Junta ha aplicado esos recortes en los centros educativos andaluces sin paliativos, e incluso en lo que atañe a las limitaciones de personal, de forma más severa que lo que le venía impuesto por el citado decreto. Y esos recortes se han mantenido en el tiempo incluso a pesar de que la Administración central ha empezado a aliviar parcialmente las restricciones sin que la Junta haya tomado nota.
Algunos sindicatos como USTEA, CCOO o APIA vienen denunciando cómo algunas de las restricciones impuestas por el Gobierno de la Nación se aplicaban ya en la comunidad autónoma antes del controvertido decreto de 2012 que ha sido esta semana pasada avalado por el Tribunal Constitucional.
Es el caso, por ejemplo, del aumento de los horarios de los docentes, que ha permitido a las administraciones una importante reducción de las plantillas. El decreto de 2012 del Gobierno de la Nación elevaba de 18 a 20 las horas lectivas (horas de clase) semanales para los docentes de Secundaria. Pero, previamente, dos años antes, en 2010, la Consejería de Educación ya había puesto en marcha una reforma (que llegó a ser recurrida por USTEA ante el TSJA) que elevaba el número de horas regulares (las horas lectivas más las horas de reunión de departamentos, coordinación de grupos, etc.) de las plantillas.
En resumen, donde la norma estatal hablaba de 25 horas máximas, la Junta impuso 25 horas mínimas. En la práctica, muchos profesores andaluces se han visto obligados a hacer muchas más horas regulares de lo que establecía la normativa básica general.
Ese nuevo modelo organizativo permitió desde 2010 reducir las plantillas docentes, con un recorte al que luego se sumó el derivado del decreto del Gobierno.
El efecto acumulado de ambas reformas ha supuesto la destrucción de 4.500 puestos docentes en los primeros años de la crisis, según el cálculo realizado por los sindicatos.
Otra de las cuestiones del decreto del Gobierno objeto del pleito de la Junta ante el Tribunal Constitucional es el que atañe a las restricciones a las sustituciones de los profesores cuando se produce una baja médica, permiso de trabajo o excedencia.
El citado decreto estatal impide nombrar un sustituto antes de los diez días lectivos desde el inicio de la baja. No hay ninguna razón, por tanto, para que el interino se incorpore a su puesto el día décimo primero.
Sin embargo, en la práctica, la Consejería de Educación dilata esos plazos impidiendo la tramitación de la baja en esos diez días ‘de carencia’. Los sustitutos están tardando en llegar a los centros unos veinte días en el mejor de los casos, siendo en muchas ocasiones hasta un mes el tiempo que se tarda en cubrir las ausencias, según un muestreo que realizó en varias provincias en el mes de diciembre el sindicato USTEA.
Esta misma organización ha puesto estos datos en conocimiento del Defensor del Pueblo Andaluz, que ha anunciado la apertura de una investigación para conocer qué está pasando en los colegios e institutos.
Y lo que está pasando es que, de nuevo, las restricciones del Gobierno se han aplicado de manera muy restrictiva sobre las restricciones ya impuestas anteriormente por la Consejería de Educación, que estableció un sistema de cupos en los centros con un tope de horas de sustitución para cada curso, cuya gestión se deja en manos de los directores de los centros. Ese modelo ha provocado un ahorro del 11 por 100 en las sustituciones, según datos de CCOO, a costa, claro, de miles de horas de clase perdidas. Todos los sindicatos con representación en la mesa sectorial de Educación han exigido a la Junta de Andalucía la eliminación de ese sistema de cupos, sin que hasta la fecha la Consejería haya dado respuesta alguna.
Pero, es más, los sindicatos se quejan también de que la Junta no está aprovechando las excepciones que el Gobierno ha aprobado en la gestión de las sustituciones. Así, por ejemplo, en aquellas bajas que se produzcan en unidades que escolaricen a alumnos con necesidades especiales se podrá nombrar a un sustituto desde el primer día de la ausencia del profesor titular.
Hay otras excepciones, como la que afecta a los alumnos de 2º Bachillerato, en vísperas de la selectividad. Se pueden cubrir también desde el primer día los permisos de paternidad las bajas en las escuelas rurales.
«Si la Consejería de Educación hubiera querido se podría aliviado significativamente el enorme retraso que sufren los centros en las sustituciones. Pero, de momento, no ha sido así», afirma Pura Sánchez, secretaria de acción sindical de USTEA. «Una cosa es lo que el Gobierno andaluz sostiene en los discursos y otra cosa muy distinta es lo que se aplica a los centros», añade.
De la misma manera, la Consejería de Educación, pese a las promesas, tampoco ha aprovechado el levantamiento de las restricciones a las convocatorias de empleo público. De hecho, la oferta de plazas (unas 1.800) convocada este año se queda lejos de agotar los puestos vacantes por jubilaciones en el sistema educativo andaluz, y lejos también de los que prometió (2.200) la presidenta de la Junta en vísperas de las elecciones generales, lo que ha provocado las quejas generales tanto de los colectivos de interinos como de los sindicatos.
