Hace unos días conocíamos el texto con el que el Ministerio de Educación y Formación Profesional cumple el trámite de consulta pública previa sobre un anteproyecto de ley orgánica de modificación de la ley actual de Educación, si bien es cierto que antes por los medios de comunicación que por notificación oficial de la administración educativa. Siguen negando al profesorado la posibilidad de participar en la elaboración de las leyes que determinan la labor docente y el día a día en los centros educativos. Por ejemplo, la Consejería de Educación nos informó el 5 de noviembre del trámite público iniciado el 26 de octubre… Intencionadamente, dan la espalda al profesorado y sus organizaciones representativas.
Después de una lectura detallada del documento, nos invade por igual la decepción y la indignación ante lo que sin duda es una nueva ocasión perdida para acometer los profundos cambios -que no reformas- que necesita un sistema educativo público maltrecho por el efecto de las políticas neoliberales y retrógradas que viene sufriendo.
Resulta especialmente llamativo que no se hable en ningún momento acerca de la necesaria financiación de la reforma que se quiere acometer. Y tampoco sobre el imprescindible aumento de la inversión, si lo que se pretende de verdad es la mejora de la calidad de la enseñanza pública. No es creíble que todo salga a coste cero, no es de recibo hablar en foros de expertos sobre “profesores acompañantes” cuando es una tarea titánica conseguir la disminución de las ratios en las aulas, el apoyo educativo, el desdoble de grupos y el aumento de las plantillas docentes en todos los niveles.
Si bien hay en el texto vagas referencias a la democratización de la organización de los centros educativos, estas no suponen un compromiso claro con la participación de la comunidad educativa y la recuperación de la capacidad de decisión de los Consejos Escolares, al mismo tiempo que se valora positivamente el retroceso democrático que supuso la LOMCE en el sistema de selección de las personas que ocupan las direcciones de los centros.
“Los problemas que se pretenden solucionar con la nueva norma”, según reza literalmente en el texto del Ministerio, sin dejar de tener su importancia, no acometen las auténticas necesidades de la organización y gestión de los centros educativos, de sus trabajadoras y trabajadores, ni de la población a la que atienden. Es chocante que no encontremos una sola línea acerca de la urgencia en adoptar una perspectiva de género y una lucha decidida a favor de la igualdad, que hagan posible actuar sobre el grave problema de la violencia y el acoso escolar, especialmente sobre las mujeres. Sin embargo, al mismo tiempo se “consagra” la presencia de la enseñanza de la religión confesional en el sistema público: un auténtico anacronismo que lastra todo el sistema público en beneficio de los intereses económicos de la iglesia católica.
Tampoco encontramos en la nota ninguna referencia a la pérdida de miles de puestos de trabajo y de unidades escolares en la enseñanza pública, mientras que la red de centros de la educación privada-concertada permanece blindada y en crecimiento. No se reflejan en este documento las palabras de la ministra Isabel Celaá en su comparecencia ante la Comisión de Educación y Formación Profesional del Congreso de los Diputados/as el pasado 4 de septiembre cuando anunciaba la preeminencia de la red pública. Una vez más, un brindis al sol.
Del mismo modo, son nulas las referencias a una perspectiva medioambiental de la educación o sobre la necesidad de la bioclimatización de los centros educativos. O la presencia insoslayable de las redes sociales y las tecnologías de la información y la comunicación en un entorno de notables carencias en infraestructura y formación.
Otro de los notables olvidos del anteproyecto es el del sistema de acceso a la función pública docente, que en la actualidad condena a la precariedad laboral a una parte importante del profesorado y se ha mostrado injusto e ineficaz en la valoración y selección del mismo.
Los discursos están plagados de loas y alabanzas al profesorado y lo destacan como pieza clave en sus propuestas sobre la profesión docente, pero no alcanzamos a ver cómo se dignifica la profesión si no se mejoran las condiciones laborales y la infraestructura y los recursos de los centros educativos, cuando no se le otorga el reconocimiento social que merece, se le aplican unas retribuciones que no contribuyen a su prestigio y se escamotea una mínima homologación salarial para todo el estado que al menos la aproxime a la media europea. Un profesorado que se coloca en el punto de mira para evaluar la calidad del sistema educativo y que ve cómo el resto de factores que la determinan solo necesitan un ligero maquillaje, docentes a quienes se anima a constituir equipos potentes y cohesionados dirigidos por fuertes liderazgos, en una contradicción que resulta estridente cuando tratamos de ponerla en práctica en una carrera docente cada vez más jerarquizada y meritocrática.
En definitiva, una propuesta que no cubre mínimamente las ya de por sí exiguas expectativas generadas por el gobierno del PSOE. Esta consulta pública es una iniciativa de la que desconocemos recorrido y alcance -perdonen la ignorancia- pero que trata sobre un asunto capital como es la educación y cuya regulación tendrá que pasar por los ámbitos de negociación habituales, como las mesas de trabajo con las organizaciones sindicales del sector y, en su caso, el propio Congreso de los Diputados/as.
En lugar de eso, siguen convocando “foros de expertos” para hablar sobre la profesión docente, lo cual en la práctica se resume en dos puntos: culpar al profesorado y prescribir manidas recetas mágicas nada transformadoras.
Para rematar, hoy mismo hemos tenido conocimiento de las propuestas -obviamente, provisionales- del Ministerio para reformar la LOE-LOMCE. ¡Ni tan siquiera han tenido el detalle formal de esperar a que terminase el plazo para la consulta abierta por el propio Ministerio! Sin entrar en un análisis detallado, estas propuestas incluyen, por ejemplo:
- Mantener la religión en las aulas.
- Amparar la segregación temprana en la ESO.
- Convertir las evaluaciones finales de 6º EP y 4º ESO en “evaluaciones muestrales que permitan conocer el estado del sistema y rendir cuentas por parte de los centros”.
- Establecer “evaluaciones de diagnóstico” tanto en Primaria como en Secundaria.
- …
Reformar o modificar la LOMCE no es más que tratar de cambiar un poco la superficie para que todo siga igual. Ya está bien. La educación pública requiere su derogación inmediata y su sustitución por una nueva ley nacida del diálogo y con participación del profesorado, que aborde de forma inmediata las dificultades reales en las aulas y frene en seco el calculado deterioro de la enseñanza pública.
Andalucía, 9 de noviembre de 2018
