Se mantiene, no obstante, la redacción del art. 19.1 que recoge el Acuerdo para el Empleo que mantiene la amenaza de miles de puestos de trabajo del colectivo en los próximos tres años.
USTEA y la Confederación Intersindical y STEs-i se han dirigido a diferentes grupos políticos para alertar del peligro que supone para la estabilidad laboral de miles de empleadas y empleados públicos de todas las administraciones el Acuerdo para el Empleo, firmado por CCOO, FeSPUGT y CSI-F, plasmado ahora en el articulado de los PGE de 2017. Las conversaciones de USTEA y STEs-i, especialmente con Nueva Canarias, de quien depende la aprobación final de los PGE, han sido fundamentales para la rectificación del artículo 19.2 volviendo a la redacción que tenía en los PGE de 2016 (art.20.2), ya que ha sido esta formación política la que ha condicionado al PP para el cambio del texto y cuyo redactado ha sido finalmente pactado entre PP, PSOE y Ciudadanos. Ello da vía libre a que los contratos en interinidad no queden limitados a los tres años de la redacción inicial.
USTEA y STEs-i, junto con la CI, y la Plataforma por la Estabilidad y la Consolidación del Profesorado Interino hemos empezado a movilizar a los colectivos afectados con diferentes convocatorias durante los últimos meses en diferentes territorios, y ante el MECD el pasado 27 de mayo, lo que ha contribuido a la retirada el art. 19.2. Sin embargo, esto no es suficiente: el cambio conseguido en la redacción del mencionado apartado del los PGE. El artículo 19.1, que se mantiene en el redactado de los PGE, recoge el Acuerdo para el Empleo y le da carácter legal, manteniendo la amenaza para los próximos tres años de dejar sin empleo a miles de docentes y demás trabajadoras y trabajadores públicos contratados temporalmente.
Desde USTEA, STEs-i y la CI denunciamos que, para la firma de dicho Acuerdo, en ningún momento se ha consultado a las bases afectadas, practicando un sindicalismo antidemocrático al que nos hemos opuesto en todo momento, antes y ahora. Además, al no aplicarse las mismas y parcas medidas de estabilización laboral en todos los sectores públicos por igual, introduce una grave discriminación entre las administraciones públicas al excluir a una buena parte de ellos. No menos grave, igualmente, es la imposibilidad de incrementar el gasto público en la aplicación de estos procesos, renunciando a recuperar los puestos de trabajo perdidos durante la crisis y asegurando el mantenimiento de los recortes en personal.
Los procesos de estabilización laboral que el Acuerdo para el Empleo y los PGE de 2017 pretenden reducir la tasa de interinidad, pero carecen de garantías para que el profesorado interino logre consolidar realmente en su totalidad su empleo. Las administraciones han estado reiteradamente incumpliendo la legislación abusado de la interinidad a conveniencia. Han incurrido constantemente en fraude de ley, contraviniendo la legislación europea, para contratar personal con salarios más bajos y menos derechos laborales. Precisamente ahora, cuando el personal temporal e interino empieza a recuperar derechos salariales, la Administración, con la complicidad de los sindicatos firmantes del Acuerdo, da el carpetazo con la pretensión de substituir trabajadoras y trabajadores con años de experiencia y probada aptitud por gente de nuevo ingreso, ya que de entrada no percibirán los complementos retributivos reconocidos al personal interino.
Las Administraciones han incurrido claramente en fraude de Ley y han sido las responsables de la situación creada, pero ahora demuestran ser incapaces de acometer los cambios legislativos necesarios para reparar el daño causado. El profesorado interino ha superado ya procesos selectivos regidos por los principios constitucionales de igualdad, mérito, capacidad y publicidad, y no ha obtenido plaza porque las administraciones no ofertaban todas las vacantes estructurales existentes. Justo sería habilitar ahora los cambios normativos para facilitarles las plazas que no se ofertaron en las sucesivas convocatorias de OEP. Por tanto, denunciamos también la falta de voluntad política para solucionar con justicia un problema que afecta a centenares de miles de trabajadoras y trabajadores públicos. El deber de las organizaciones sindicales es la defensa de los derechos laborales.
Desde USTEA, STEs-i y la Confederación Intersindical requerimos a las organizaciones sindicales firmantes del Acuerdo para el Empleo que se desentiendan del mismo y se unan a la lucha por el mantenimiento del empleo del profesorado interino y de todo el personal temporal, mediante políticas reales de consolidación de empleo con procedimientos específicos que integren a todo el colectivo como funcionariado de pleno derecho.
Con el mantenimiento del Acuerdo para el (Des)Empleo) y su cumplimiento a partir de los PGE para 2017, STEs-i y la CI mantendrán la movilización en los centros de trabajo y en la calle para conducir las negociaciones previstas hacia el mayor beneficio para las trabajadoras y los trabajadores públicos, especialmente, los colectivos temporales e interinos.
