A esta primera reunión, celebrada en la Consejería de Educación, acuden el nuevo consejero, Javier Imbroda, y la recién nombrada viceconsejera, Marta Escrivá; junto con los demás sindicatos con representación en la Mesa Sectorial de Educación.
USTEA, en su intervención, señala como punto de partida ineludible para esta Organización sindical un compromiso claro con la escuela pública andaluza, ya de por sí bastante maltratada y deteriorada. Un compromiso que exigimos al nuevo gobierno, y al señor consejero, a quien pedimos que aclare algunas cuestiones muy preocupantes que venimos escuchando:
- La supuesta intención de eliminar las zonas educativas.
- Los planes para extender los conciertos a los tramos no obligatorios, ligándolos al falaz concepto de libre elección.
- También nos parecería especialmente preocupante cualquier intento de mercantilizar la Formación Profesional. ¿Qué plan de trabajo tiene con respecto a la Ley andaluza de FP?
Desde 2011 son ya casi 1500 las aulas públicas suprimidas, fundamentalmente en los tramos de infantil y primaria. No es de recibo que la enseñanza concertada no asuma, como mínimo, una cuota de la caída en picado de la natalidad, uno de los efectos más plausibles de la crisis, pero que curiosamente sólo ha afectado al sistema educativo público.
Pero no es el único: El estado de los edificios educativos es muy deficiente. Siendo el aspecto más conocido la climatización, el estado general de la infraestructura educativa es deplorable, pues el 90% de sus edificios no cumpliría con las actuales normas de edificabilidad. Es urgente acometer un ambicioso plan de inversiones.
Igualmente, la atención a la diversidad debe ser una de las prioridades políticas y no quedarse en un mero eslogan. Es el gran déficit de nuestro sistema educativo. ¿Cómo se va a concretar el anunciado plan de refuerzo escolar incluido en el pacto de gobierno?
Especialmente preocupante es lo relativo a los servicios que presta el personal no docente en los Centros (comedores, aulas matinales, administración, etc): Listas de espera, personal insuficiente y condiciones de explotación laboral… ¿Es consciente la nueva dirección política de la Consejería de las consecuencias de las políticas de externalización de servicios? En primer lugar, no creemos que se deba externalizar. En segundo lugar, al menos, la administración debiera exigir un comportamiento medianamente ético a las empresas adjudicatarias de servicios públicos. No es de recibo que la Administración esté fomentando un precariado laboral, con sueldos en torno a 5€/hora en los servicios que privatiza.
USTEA no va a permitir ningún paso atrás en materia educativa, ni más ataques a la población andaluza más vulnerable, ni más desvíos de dinero público a favor de intereses privados (los conciertos educativos lo son). Seremos firmes y beligerantes.
Asimismo, la Consejería tiene la obligación de poner en marcha medidas a corto y medio plazo que demuestren su apuesta por el profesorado andaluz de la pública:
- En primer lugar, convocatoria de oposiciones con plazas de consolidación y de reposición adecuadas, previa negociación en mesa sectorial, a la vez que un plan de estabilidad del profesorado interino.
- Aumentos reales de plantillas y bajada generalizada de ratios, reducción de la carga lectiva en los horarios en los CEIPs, y de las guardias en los IES.
- Y, en definitiva, exigimos la recuperación de los derechos y condiciones de trabajo anteriores a la denominada “crisis”, incluida la devolución de las extras de 2013 y 2014, así como la equiparación económica con otros territorios.
