Una explicación previa. Cuando se habla de “educación concertada” se está empleando un eufemismo que oculta su correcta definición: educación subvencionada, es decir, empresas metidas en el sector educativo que reciben cuantiosas cantidades de dinero público para el sostenimiento de una doble red absolutamente prescindible si hubiésemos tenido algún gobierno con la voluntad política suficiente para apostar por la escuela pública, la única capaz de garantizar la universalidad, la igualdad, la equidad y la atención a cualquier tipo de diversidad.
Dicho esto, toca repasar lo expresado por Javier Imbroda, Consejero de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía, en su primera comparecencia parlamentaria el pasado 14 de febrero. Se comprometió a “reducir la intolerable tasa de abandono escolar en Andalucía”. ¿Y cómo piensa hacerlo, señor Imbroda? ¿Anunciando la puesta en marcha de un programa de refuerzo educativo y deportivo en el mes de julio? La única información suministrada por la Consejería a este sindicato es que barajan la idea de contratar el personal necesario para este plan a través de bolsas de trabajo de maestros y maestras, diferentes a las actuales bolsas docentes. Es decir, no solo mercantilizan el (mal) llamado fracaso escolar, sino que además lo hacen incrementando la precarización laboral, sin ir a la raíz de los problemas. Nada nuevo bajo el sol, ningún cambio en esta tierra maltratada desde hace décadas por políticas abiertamente privatizadoras y capitalistas.
Pero tranquilidad, que el señor Imbroda llega con la “intención de despolitizar la educación, que no es de derechas ni de izquierdas”. Suponemos que se habrá quedado satisfecho tras soltar esta frase tan hueca como perversa, muy repetida últimamente por dirigentes derechistas de distinto pelaje.
Sepa usted, señor Imbroda, que tras la primera reunión de Mesa Sectorial no podemos dejar de manifestar nuestra alarma ante la falta de preparación, implicación y conocimiento exhibida por quienes representaron a la administración en dicha reunión el pasado 13 de febrero -Viceconsejera y Director General de Recursos Humanos-.
En la misma, se planteó una oferta de empleo público recortada, que no responde a las necesidades del sistema educativo, sin ningún tipo de información previa ni atisbo de negociación con las trabajadoras y los trabajadores. Un recorte que, como ya hemos expresado, no puede justificarse como intenta hacer la administración en que “hay menos unidades públicas”.
Hay menos unidades públicas porque han sido machacadas sistemáticamente por las políticas educativas del gobierno andaluz. Las cifras son esclarecedoras: actualmente, hay 1124 colegios concertados en Andalucía, es decir, el doble de los que había hace una década. Este aumento supone, por ejemplo, quintuplicar el sufrido en Galicia o duplicar el de Madrid en el mismo periodo de tiempo. En consecuencia, hemos perdido más de 1500 unidades públicas en Andalucía en los últimos 5 años.
En paralelo, se blindan las unidades de los colegios concertados, la inmensa mayoría de ellos -no lo obviemos- pertenecientes a órdenes religiosas católicas… ¿Este adoctrinamiento ideológico-religioso entra en sus planes de despolitización de la educación, señor Imbroda, o la omnipresencia del catolicismo en nuestras aulas va por otro lado más espiritual que no alcanzamos a entender, posiblemente por nuestro carácter laico?
En cuanto a las oposiciones, los números también son claros. De las 1545 jubilaciones producidas en el Cuerpo de Maestros/as, solo 640 serán repuestas, es decir, la tasa de reposición en esta convocatoria se situará en un exiguo 41%, por lo que para alcanzar el 100% de reposición, faltarán 905 plazas, a las que habría que sumar varios cientos más para atender las necesidades del sistema. Tratar de justificar este recorte con excusas indecentes, señor Imbroda, no es propio de la “administración transformadora, moderna y entrenada” que usted ha manifestado querer para Andalucía. Y no lo es porque, tras décadas de ataques a la educación pública por parte del anterior gobierno andaluz, con la consiguiente supresión de unidades públicas, el nuevo gobierno -en el que usted ocupa un puesto de máxima responsabilidad- en lugar de poner en marcha medidas que al menos la compensen, asume sin más este deterioro de la pública y lo traslada a la oferta de empleo, debilitando las plantillas públicas frente a futuros recortes de más unidades en los centros públicos.
Por si fuera poco, usted alegremente asegura que la oferta es suficiente y aclara en sede parlamentaria que “la cifra definitiva de plazas la están afinando los servicios técnicos”, dejando así de lado la más mínima apariencia formal de negociación o diálogo con las y los docentes a quienes usted debe su gestión.
Señor Imbroda: deje de buscar titulares llamativos y apueste por la pública, ya.
Andalucía, 19 de febrero de 2019.
