Resolución aprobada en el Pleno Federal de USTEA celebrado en Antequera el pasado 30 de Noviembre
Los colegios públicos rurales cumplen no sólo una función educativa, sino que también sirven a la cohesión del territorio, fijan el arraigo de las familias, propiciando la pervivencia y el desarrollo de zonas en riesgo de despoblamiento. En Andalucía hay 87 CPRs. Este curso se han suprimido 32 unidades, 16 de ellas en Granada, la provincia con más CPRs (38).
Las Instrucciones 18 de febrero de 2019 sobre procedimientos de admisión y matriculación permiten realizar agrupamientos en unas condiciones claramente delimitadas que la Consejería no respeta, por el mismo motivo que no respeta la normativa sobre ratios. En el caso de bastantes CPRs de Granada estas ratios se han superado ilegalmente, lo que ha provocado la eliminación de unidades y pérdida de puestos de trabajo. Este es el caso de los CPRs de Torvizcón, Bérchules, Pitres y El Pozuelo/Los Castilla.
Las AMPAS de los mencionados centros de la Alpujarra fueron las primeras en reaccionar, negándose a que sus hijos e hijas entraran en clase y promoviendo diversas movilizaciones in situ y en la capital, en defensa de sus derechos a una educación pública de calidad y al cumplimiento estricto de la norma. Una PNL fue aprobada parcialmente en el parlamento y hasta el Defensor del Pueblo ha tomado cartas en el asunto. La reacción de la CEJA ha sido inadecuada y desproporcionada: lejos de reconocer los hechos los han negado, se han hecho declaraciones muy desafortunadas sobre la “utilización” de los hijos e hijas o el supuesto fraude en las matrículas. En Bérchules el inspector ha dado instrucciones verbales para que se suban a Séneca las faltas como injustificadas, abriéndose así el protocolo de absentismo; incluso, profesorado participante en las movilizaciones ha sido conminado a cesar en su actitud beligerante.
El derecho efectivo a la Educación Pública para toda la población pasa por mantener de manera digna los centros públicos, tanto en zonas urbanas como en zonas rurales, sin atender a consideraciones cortoplacistas de ahorro económico que no tienen en cuenta el valor social de la inversión educativa. Por ello desde el Pleno Federal de USTEA acordamos aprobar la siguiente resolución:
1. El deterioro de la red de Colegios Públicos Rurales supone la discriminación de una parte de la población en función del lugar donde vive, condenando a sus niños y niñas a un déficit en su proceso educativo e hipotecando el desarrollo y el futuro de las zonas rurales.
2. Que es preciso mantener la estructura y número actual de los CPRs, siendo preciso adecuar las unidades y plantillas a las ratios legales, considerando así mismo la idiosincrasia de estos centros y la necesidad de evitar al máximo agrupaciones multiciclos y, sobre todo, multietapas. En lugar de favorecer las condiciones para justificar el cierre progresivo de unidades en zonas rurales, la administración debería promover su mantenimiento, reforzando las plantillas de profesorado y personal de administración y servicios, así como todos los servicios complementarios que son fundamentales para una adecuada atención educativa.
3. Que no hay motivos para abrir ningún plan de absentismo. El alumnado se ha reintegrado con normalidad a clase y cualquier reacción de este tipo es además de desproporcionada, contraproducente, no contribuyendo en nada a la solución de las causas que han generado esta situación. ¡Basta ya de reprimir e intimidar a la comunidad educativa cuando exige lo que le corresponde por derecho!
4. Que, ante los continuos recortes que la educación pública está sufriendo, es muy positivo que la comunidad educativa reaccione activamente en defensa del derecho a una Educación Pública digna y en contra de la desaparición progresiva de los colegios públicos rurales, haciendo uso de medios legales y pacíficos.
Antequera, 30 de Noviembre de 2019
