Resolución del XIV Congreso Federal de USTEA
Las condiciones de vida en los asentamientos de Huelva y Almería son extremadamente precarias y vulneran sistemáticamente los derechos humanos. Las personas trabajadoras migrantes, esenciales para la industria agroalimentaria, viven en infraviviendas construidas con materiales desechados como plásticos, palets y cartón. Estas viviendas carecen de servicios básicos como agua potable, electricidad y saneamiento, lo que las expone al frío en invierno, al calor extremo en verano y a riesgos como incendios.
En Huelva, los asentamientos están ubicados en municipios como Lepe, Lucena del Puerto, Moguer y Palos de la Frontera. En Almería, se encuentran en Níjar y El Ejido, con diferencias en la distribución y características. En Níjar predominan grandes diseminados de chabolas, mientras que en El Ejido hay infraviviendas dispersas entre los invernaderos.
Las personas que habitan en estos asentamientos enfrentan problemas como la falta de acceso a servicios básicos, insalubridad, inseguridad, exclusión social y discriminación. Además, la ubicación alejada de los núcleos urbanos dificulta el acceso a bienes esenciales, transporte público y servicios de emergencia. La situación afecta especialmente a mujeres, menores y personas jóvenes ex tuteladas, quienes sufren una mayor vulnerabilidad.
A pesar de algunos esfuerzos locales, como la creación de albergues en Lepe y Níjar, las soluciones habitacionales son insuficientes para atender la magnitud del problema. La falta de coordinación entre administraciones y la ausencia de políticas públicas efectivas perpetúan esta crisis, dejando a miles de personas en condiciones indignas y sin acceso a derechos fundamentales.
La falta de recursos en los asentamientos de Huelva y Almería tiene un impacto devastador en la población migrante que reside en ellos. Estas son algunas de las principales consecuencias:
- Condiciones de vida indignas: La ausencia de servicios básicos como agua potable, electricidad y saneamiento obliga a las y los habitantes a vivir en infraviviendas construidas con materiales desechados, expuestos al frío, calor extremo, insalubridad y riesgos de incendios.
- Salud deteriorada: La insalubridad y la falta de acceso a agua potable y servicios higiénicos contribuyen al aumento de enfermedades respiratorias, cutáneas y digestivas. Además, la exclusión social y las condiciones de vida extremas afectan gravemente la salud mental, incrementando los casos de ansiedad y estrés.
- Exclusión social: La ubicación remota de los asentamientos dificulta el acceso a servicios esenciales como educación, salud y transporte público, perpetuando el ciclo de pobreza y aislamiento.
- Vulnerabilidad de colectivos específicos: Mujeres, menores y personas jóvenes ex tuteladas enfrentan una mayor exposición a la violencia, abusos y explotación debido a la falta de recursos y protección adecuada.
- Impacto en la infancia: Las niñas y niños que crecen en estos asentamientos no tienen acceso a espacios seguros para su desarrollo, lo que afecta su bienestar físico, mental y emocional.
- Limitación de oportunidades laborales: La falta de transporte público y la lejanía de los centros urbanos restringen las posibilidades de acceder a empleos fuera del sector agrícola, perpetuando la precariedad económica.
En resumen, la falta de recursos no solo condena a estas personas a vivir en condiciones inhumanas, sino que también perpetúa su exclusión social y económica, afectando su calidad de vida y vulnerando sus derechos fundamentales.
Desde el sindicato USTEA apoyamos una serie de propuestas imprescindibles para mejorar las condiciones de vida en los asentamientos de Huelva y Almería:
- Acceso a servicios básicos: Garantizar agua potable, electricidad y saneamiento en los asentamientos.
- Alternativas habitacionales: Crear una red de albergues municipales y viviendas en alquiler social para evitar el sinhogarismo tras los desalojos.
- Empadronamiento: Facilitar el registro en los municipios para garantizar acceso a derechos básicos y reducir la vulnerabilidad.
- Coordinación interinstitucional: Establecer mesas intersectoriales con administraciones, organizaciones y agentes sociales para implementar soluciones sostenibles.
- Salud integral: Desarrollar programas específicos para mejorar la salud física y mental, abordar determinantes sociales y garantizar atención médica adecuada.
- Protección a colectivos vulnerables: Implementar programas para mujeres, menores y personas jóvenes ex tuteladas, incluyendo medidas contra la violencia de género y el sinhogarismo infantil.
- Regularización extraordinaria: Facilitar la inclusión social y económica de las personas migrantes mediante la regularización de su situación administrativa.
- Sensibilización y prevención: Promover eventos interculturales y campañas educativas para combatir el racismo, la xenofobia y la aporofobia.
- Cambio estructural: Abordar el modelo agroindustrial desde un enfoque de derechos humanos, promoviendo alternativas sostenibles y respetuosas con el medio ambiente y los trabajadores.
Estas propuestas buscan garantizar una vida digna, inclusión social y el respeto a los derechos humanos de las personas migrantes.
